SOS Venezuela: El Estado de Necesidad (III) Gustavo Gonzalez Urdaneta
SOS Venezuela:
El Estado de Necesidad (III)
Gustavo
Gonzalez Urdaneta
El
pueblo de Venezuela no cuenta con ninguna forma militar o institucional para
defenderse y, menos aún, para hacer respetar sus derechos. Esta es la premisa
básica que justifica la ayuda de la comunidad internacional, no se trata de una
intervención militar para ocupar el país sino para el rescate de los derechos
humanos de sus ciudadanos. Un pueblo víctima de su propio gobierno e
intervenido por Cuba, Rusia y China. Lo que se pide es que nos ayuden a
recuperar lo que nos han quitado. La comunidad internacional debe intervenir en
forma directa y cuanto antes mediante una fuerza multinacional para el rescate
de la democracia venezolana, cuyo fracaso se convierte en una amenaza para el resto
de los países de la región. Hay que concentrarse en lo que se debe hacer ya que,
de seguir asi, no hay mañana para los venezolanos.
Paralelamente
se tienen las denuncias ante instituciones internacionales que podrán seguir
acumulándose pues no se vislumbra ningún cambio por iniciativa del régimen
actual en Venezuela. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la
Organización de estados Americanos (OEA) no ha sido posible a pesar de la
gestión invaluable de su Secretario General, Luis Almagro. Según declaraciones
de Almagro en Davos, las sanciones son el mecanismo diplomático más duro y
después de las sanciones, abandonas la diplomacia. Según él, faltan aún 2-3
niveles de sanciones por aplicar y, adicionalmente, lograr que todos se comprometan
a aplicar las medidas. Al Sr. Antonio Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas (NU), que recientemente dijo que “la situación que vive
Venezuela es un gran factor de preocupación”,
hay que decirle, señor, asuma su cargo en serio y piense en Venezuela y
organice un estado de conciencia en el Consejo de Seguridad de las NU para
exigir que en Venezuela haya un cambio que permita que la gente disfrute de
todos los derechos humanos que las NU están supuesto defender. Las NU le debe
exigir al gobierno de Maduro o el cambio de las reglas del juego y de
comportamiento inmediato o su destitución. No hay otra.
Hay 9 denuncias
contra Maduro “archivadas” en la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya desde 2011 que esperan por alguna
respuesta. Apenas el 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI,
anunció que había abierto un examen preliminar para analizar crímenes
presuntamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017. El propósito
del examen preliminar es determinar si la CPI debería iniciar una investigación
exhaustiva, para lo cual es necesaria la autorización de un panel de jueces del
tribunal. Al tratarse de un tribunal de última instancia, la fiscal de la CPI
debe cumplir con estándares exigentes. Considerando la burocracia e ineficiencia
de la CPI, ese no será el instrumento para que los venezolanos obtengamos
justicia. Como ya lo he dicho antes, la CPI es “el tribunal mundial de la
incompetencia”.
Lo
que no podemos hacer, es, a veces lo ideal.
Y asi es, cualquier decisión de intervención extranjera planteada ante
la ONU debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad y puede ser vetada por sus miembros entre los
cuales están Rusia y China. Los dos grandes acreedores de Venezuela. No estoy
muy convencido si se opondrían pues tienen intereses más altos por los cuales
preocuparse. Volvemos al planteamiento hecho, en un artículo anterior, de que
Venezuela se encuentra en un callejón sin salida. Hay preguntas que vale la
pena hacerse al respecto que estoy seguro todos nos hemos planteado.
¿Desde
el punto de vista del derecho internacional no hay un derecho a la intervención
de todos los países dirigidos por la ONU, cuando se llega a estos extremos de
violencia de un régimen como el de Nicolás Maduro en contra de la población? ¿A
los venezolanos se les va a seguir matando sin que se tome alguna medida
efectiva que los defienda? ¿Los niños venezolanos continuaran muriéndose de
hambre y por falta de medicinas y el
mundo entero tiene que someterse al principio de la-no-intervención y permitir
semejante atrocidad? ¿Es eso lógico?
Los
países que se niegan son porque consideran que la-no-intervención está
protegida por el cacareado derecho de soberanía nacional. A esos habría que
recordarles, primero, que Venezuela entregó su soberanía y se convirtió en un
Estado vasallo de Cuba, China y Rusia, y, segundo, que todo derecho tiene
deberes y entre esos está respetar y cumplir con la defensa de los derechos
humanos. Violados diariamente en Venezuela. Muchos pensaran que esa intervención
podría sentar un precedente peligroso. Y por qué no pensar que más bien el
apoyo al pueblo venezolano dejará un precedente para el futuro de nuestros
pueblos y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Piensen lo que quieran pero no se puede
permitir que un régimen actúe de esa manera contra más de 30 millones de
personas que están condenadas al hambre, que los niños se mueran de hambre y
que los ancianos se mueran sin tener un recurso médico. Eso va en contra de los
principios fundamentales del derecho natural
en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Hay
en el derecho penal clásico y en el derecho penal de todas las latitudes
desarrolladas una figura que se llama El Estado de Necesidad. En ese estado se
puede incurrir en una conducta teóricamente infractora del derecho penal pero
que queda eximida de responsabilidad por el principio del estado de necesidad
que junto a la legítima defensa son causales de lo que llaman la justificación
en la conducta indebida. En estado de necesidad esta todo el pueblo de
Venezuela. El mundo entero ha visto los saqueos contra supermercados y los
asaltos a transportes y almacenes de
cualquier tipo de comida que llegue a aparecer en Venezuela. La gente los
asalta porque tiene derecho a sobrevivir
y esto no puede seguir pasando en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. Ante
la violación diaria de los derechos humanos, el caos y el genocidio imperantes
en el país se debe declarar el estado de necesidad en Venezuela y hacer lo que
se debe hacer de inmediato.
Ningún
país de la OEA, ni de la ONU, ni mucho menos su Consejo de Seguridad, cuya
responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales, puede ignorar lo que está sucediendo en Venezuela, ni ser
complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos de su
población. Como muy bien lo expusiera Luis Almagro, “el silencio, las excusas
metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente
y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que
el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de
conciencia”. La intervención consensuada es por el rescate de los derechos
humanos de los venezolanos que no tienen medios propios para librarse del
régimen más nefasto en toda la historia de la república y por la vuelta de la
democracia interrumpida desde hace 19 años. No creo que existan motivos más pertinentes
para hacer lo que se debe hacer y acabar con la tiranía de Maduro y transformar
el estado vasallo en que han convertido a nuestro país.
La
economía venezolana cerró 2017 con una caída del 11,9% según el Banco Mundial.
Dato que resume las pésimas cifras macroeconómicas registradas en los últimos
12 meses en déficit fiscal, importaciones y exportaciones, y deuda externa.
Todo ello envuelto en una inflación desorbitante, que, según la oposición
venezolana, superó el 2.600% el pasado año y que agrava la crisis humanitaria y
social. El Banco Mundial pronostica que la economía venezolana caerá el 4,2% en
2018. Venezuela inicia el 2018 en una situación nada envidiable.
La
crisis económica de este país ha desembocado en una emergencia de salud pública
que causa la muerte de un número incalculable de venezolanos. Los especialistas insiste en que los decesos
por hambre son difíciles de justificar, porque sus causas son prevenibles. Uno
podría pensar que esta situación es reciente pero nada más lejos de la verdad
pues la cifra de “un muerto por hambre cada 15 horas” es del anuario de
mortalidad publicado por el Ministerio de Salud del 2008 que ya establecía que
570 personas fallecieron por hambre. El número de fallecimientos por
desnutrición en 2008 es menor que en 2007, cuando murieron 612 personas. El año
anterior los fallecimientos alcanzaron 627; en 2005 fueron 648 y en 2004, 963.
Todo esto dentro del periodo de Hugo Chávez Frías.
En
abril 2013 subió Nicolás Maduro a la Presidencia del país. Hoy en dia, las cifras son devastadoras. De
acuerdo con los reportes del Ministerio Popular para la Salud, 30 % más de
niños y niñas murió antes de su primer cumpleaños y 66 % más de mujeres murió
durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto en 2016 comparado
con 2015. Según dicho informe, en 2016 murieron un total de 11.466 neonatos en
Venezuela, lo que supone un incremento del 30,12 % con respecto al año
anterior, mientras que la mortalidad materna hasta la semana 52 aumentó un 65,79
%, hasta los 756 casos. La mayoría de las ambulancias no tienen tanques de
oxígeno, las máquinas de rayos X o de diálisis renal se dañaron hace mucho
tiempo. Y no hay camas suficientes, por lo que algunos pacientes yacen en el
suelo en charcos de su propia sangre. Son hospitales de campaña en un país
donde no hay guerra. Algunos llegan sanos y salen muertos.
Desde que asumió el poder,
Maduro ha anunciado varios planes de desarme, de seguridad ciudadana, de mejora
de la dotación policial y de los centros penitenciarios. Sin embargo, Venezuela se mantiene desde el
2014 como el segundo país con mayor tasa de homicidios del mundo, solo por
detrás de Honduras y por delante de países como Jamaica, Colombia, México e
Irak, según un informe divulgado por la ONG Observatorio Venezolano de la
Violencia (OVV). El balance de la ONG señala un saldo de 82 muertes violentas cada
100.000 habitantes, dato en el que según reconoce OVV se incluye "los
casos de muertes por resistencia a la autoridad y las averiguaciones de
muerte". Esta tasa muestra un leve incremento con relación a la reportada
para el año 2013, que fue de 24.763 personas, lo cual indica que no han
existido avances en el control del delito y la violencia en el país, a pesar de
los importantes anuncios y los supuestos planes desarrollados por las
autoridades.
Venezuela también mantiene el
segundo puesto mundial si se toma una cifra de homicidios más conservadora,
como la última emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 58
asesinatos anuales cada 100.000 habitantes.
La tasa estimada en Honduras, el país más violento del mundo, es de 104 por
cada 100.000 habitantes, muy superior a la de países como Jamaica (45),
Colombia (44), México (22) e Irak (19).
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos estableció, por primera vez el 10 de diciembre de 1948, los
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y en uno
de sus considerandos establece que los Estados Miembros se han comprometido a
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
Entre sus 30 articulos se
refiere específicamente a que todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona (Art. 3); Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5) y que
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios y que todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social (Art. 25).
Me he referido especificamente a
los derechos particulares cuyas violaciones en Venezuela se iniciaron desde el
2008 y que constituyen, por si solos, suficiente evidencia para declarar el
Estado de Necesidad en Venezuela, previsto en las leyes.
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