La Migración Latinoamericana a Norte América (II) (Gustavo González Urdaneta)

 

 

La Migración Latinoamericana a Norte América (II)

Gustavo González Urdaneta

Miami 16 julio 2025

 

 

A finales de la década de los cincuenta, Estados Unidos (EEUU) permitía la entrada de aproximadamente medio millón de inmigrantes mexicanos al año, de los cuales 450.000 entraban con visados de trabajo temporal y 50.000 llegaban con visados de residentes permanentes. A mediados de los años sesenta, los cambios en la política migratoria de Estados Unidos realizados en nombre de los derechos civiles redujeron drásticamente las oportunidades de entrada legal a Estados Unidos. Se eliminaron los visados de trabajo temporal y se limitaron los visados de residentes a 20.000 por año. Con las oportunidades de entrada legal restringidas, los flujos migratorios ya establecidos simplemente continuaron, fuera de los límites legales, dando comienzo a una inesperada reacción en cadena de eventos que culminaron en una guerra total contra los inmigrantes y el rápido crecimiento -sin precedentes- de población residente no autorizada en Estados Unidos. La realidad actual demuestra que el aumento de inmigración indocumentada en los Estados Unidos y el crecimiento de la población sin papeles son un producto de políticas migratorias y fronterizas mal concebidas.

 

 

Las actitudes y políticas en contra de los inmigrantes han sufrido altos y bajos en el curso de la historia de Estados Unidos. El país se encuentra inmerso en un momento indudablemente xenofóbico que muestra el clima en contra de los inmigrantes no vivido tal vez desde los años 1920. Dos décadas después, los programas de entrada legal de trabajadores temporales fueron establecidos bajo el Programa Bracero (1942–1964), sencillamente ilegal. Hay especialistas que argumentan que los orígenes de la actual xenofobia pueden rastrearse en las ominosas decisiones tomadas durante la mitad de los años 1960 y los reafirmaba como indocumentados, dando lugar al aumento de la migración. Dado que los indocumentados eran “ilegales”, por definición sociales asociadas a tales términos. Otros han referido que el surgimiento de las políticas en contra de los inmigrantes comenzó hacia finales de los años 1980 como una nueva “guerra contra los inmigrantes”, eran “criminales” e “infractores”, con todas las connotaciones subjetivas y atribuciones.

 

En la retórica pública y en las declaraciones de los medios de comunicación, se pasan por alto día a día las diferencias entre los migrantes legales y los ilegales. Durante los años 1970 y 1980 los inmigrantes latinos se transformaron en un grupo simbólico y convenientemente utilizado para aumentar el pánico moral de aquellos cuya fuerza política, como gobernantes, podría ser utilizada para acumular poder y asegurarse recursos administrativos. La construcción de los inmigrantes latinos como amenaza originó el despertar de un electorado y la puesta en marcha de leyes restrictivas a la inmigración y políticas más duras en la frontera, que aumentaron el número de detenciones de inmigrantes, justificaron nuevas restricciones y acciones en la aplicación de la ley migratoria. Estas restricciones dieron pie a más detenciones, que en cierto modo  justificaron la necesidad de acciones más rigurosas e impositivas y produjeron un ciclo de retroalimentación que impulsó los esfuerzos por aplicar la ley, a pesar de que el volumen implícito de indocumentados había llegado a su límite más elevado e incluso ya iba en descenso.

 

Aunque la emigración de mexicanos a Estados Unidos es de larga data, es hasta 1970 que el número de nacionales radicados en ese país empieza a ser visible, con cerca de 900 mil mexicanos; desde entonces, México figura como uno de los principales emisores de emigrantes a ese país, aunque, para esas fechas, le anteceden en orden de importancia Alemania, Italia y Canadá. Como reflejo de una profunda crisis económica y política bajo el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro, Venezuela sigue siendo uno de los mayores orígenes de migrantes del mundo. De los aproximadamente 7.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo para diciembre del 2024, 85 por ciento—6.7 millones—residían en América Latina y el Caribe. Solo en la última década se ha convertido Estados Unidos en un destino significativo para este grupo. Para el 2023, aproximadamente 770,000 inmigrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, representando menos del 2 por ciento del total de 47.8 millones de inmigrantes en el país.

 

En una encuesta llevada a cabo en 2006, la mitad de los adultos estadounidenses opinaba que “los inmigrantes eran una amenaza para los valores del país” y que “la población debía estar protegida para enfrentar la influencia extranjera” mientras que en el año 2000 únicamente el 38% de la población pensaba que los inmigrantes eran “una carga para nuestro país”. En 2006, pues, este sentimiento se había convertido en opinión mayoritaria. Los inmigrantes perciben con claridad la creciente hostilidad en contra de ellos. En 2006, el 70% de los inmigrantes latinos observaban la discriminación en contra de los hispanos como un problema mayor en Estados Unidos; el 68% estaba preocupado por ser deportado y, el 35% sabía de alguien que ya había sido deportado.

 

 

Meses después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo en medio de una ola de sentimiento antiinmigrante, la proporción de adultos en Estados Unidos que dicen que la inmigración es “algo bueno” para el país ha aumentado sustancialmente, incluso entre los republicanos, según una nueva encuesta de Gallup. Aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses, equivalente a un 79%, dicen que la inmigración es “algo bueno” para el país hoy en día, un aumento con respecto al 64% del año pasado, y un punto alto en una tendencia de casi 25 años. Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos estadounidenses piensan que la inmigración es algo malo en este momento, una disminución con respecto al 32% del año pasado. Durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, las opiniones negativas sobre la inmigración habían aumentado notablemente, alcanzando un punto alto en los meses previos a que el mandatario republicano asumiera el cargo. Los nuevos datos de Gallup sugieren que los adultos en Estados Unidos vuelven a tener opiniones más a favor de los inmigrantes, lo cual podría complicar los esfuerzos de Trump para realizar deportaciones masivas y otras políticas antiinmigrantes. En la encuesta se muestra una disminución en el apoyo al tipo de deportaciones masivas que el mandatario ha defendido desde antes de ser elegido.

 

 

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Los beneficiarios del TPS y las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de EE.UU. y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en EE.UU. mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y obtener autorización para viajar. Regularmente, el estatus de TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, el estatus de TPS es temporal, por lo que no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía de EE.UU.

 

 

Desde que asumió el cargo, Donald Trump ha tomado medidas drásticas para reformar el sistema migratorio de Estados Unidos, con un enfoque en el refuerzo de las políticas fronterizas y la deportación de inmigrantes ilegales. En sus primeros 100 días, las políticas migratorias Trump impactaron directamente en la vida de millones de inmigrantes latinos, especialmente aquellos indocumentados y con TPS. Su gobierno también ha presionado para limitar el acceso a beneficios federales para inmigrantes que carecen de estatus legal, ha buscado revocar la ciudadanía de aquellos que cometen delitos, y trabaja para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de quienes no tienen estatus legal o que están en el país temporalmente.

 

 

En general, las opiniones de los estadounidenses sobre las políticas de inmigración han cambiado drásticamente en el último año, según la encuesta de Gallup, incluso entre los republicanos, quienes se han sentido mucho más satisfechos con los niveles de inmigración desde que Trump asumió el cargo, pero también han mostrado más apoyo a las vías para que las personas que están en el país sin autorización obtengan la ciudadanía. La tendencia más amplia también muestra que la opinión pública es generalmente mucho más favorable a los inmigrantes de lo que era hace décadas. Desde que Trump asumió el cargo, los republicanos se han sentido más satisfechos con el nivel de inmigración en el país. La proporción de estadounidenses que quieren que la inmigración “disminuya” en Estados Unidos cayó del 55% al 30%. Aunque ahora hay menos estadounidenses que quieren reducir el número de personas que vienen a Estados Unidos desde otros países, hay más que quieren que los niveles de inmigración se mantengan igual que aquellos que desean niveles de inmigración más altos. Aproximadamente 4 de cada 10 dicen que la inmigración debería mantenerse en su nivel actual, y solo el 26% dice que debería aumentar. Las últimas encuestas sugieren que las opiniones marcadamente antiinmigrantes de los republicanos, que adquirieron relevancia antes de las elecciones de noviembre y ayudaron a Trump a volver a la Casa Blanca, han disminuido en gran medida. La proporción de republicanos que dicen que la inmigración debería disminuir cayó de un máximo del 88% al 48% en el último año. Cerca de 4 de cada 10 republicanos dicen ahora que los niveles de inmigración deberían permanecer igual, y solo alrededor de 1 de cada 10 desearía un aumento.

 

Lo que han demostrado diversos estudios es que las naciones que reciben migrantes -de alta o baja cualificación- se benefician de múltiples formas. La migración beneficia el dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano; la migración permite incrementar la productividad al enriquecer y diversificar el suministro de mano de obra y generar incentivos para la competencia; la migración tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento económico; lejos de la idea trumpiana de que la migración se roba los empleos a la población nativa, los estudios muestran que el efecto es limitado, tanto en el número de empleos como en los salarios; la migración puede contribuir al bono demográfico; la migración puede favorecer una mayor recaudación; las empresas creadas por migrantes son una gran fuente de creación de empleos; la inmigración contribuye a las labores de cuidado y servicios; la migración puede coadyuvar a la seguridad alimentaria al garantizar suficiencia en la producción de alimentos y los países desarrollados tendrán que gastar menos en ayuda al desarrollo. Un informe del Banco Mundial de 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos US$ 300.000 millones (US$ 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres). El problema no es la migración, el problema es la discriminación a las personas migrantes.

 

 

Para decirlo sin rodeos, si la intención del congreso y las diversas administraciones en décadas pasadas fue detener la inmigración ilegal y desincentivar la inmigración legal, fallaron sus esfuerzos y, además, resultó ser una medida contraproducente porque se generó una población más grande y dispersa geográficamente de inmigrantes ilegales, que la que hubiese existido, y aumentó el número de personas candidatas que podían obtener un visado legal de residencia. Esto ha servido únicamente para agravar la reacción conservadora y antinmigrante elaborada por la política económica de Estados Unidos, gracias a las leyes restrictivas aprobadas y a las operaciones de aplicación de la ley lanzadas a partir de 1965. Sólo puede esperarse que los líderes políticos, el congreso y la población logren encontrar en algún punto el deseo de romper con ese ciclo destructivo y contraproducente en el cual se encuentran inmersos.