La Migración Latinoamericana a Norte América (III): Venezuela (Gustavo González Urdaneta)

 La Migración Latinoamericana a Norte América (III): Venezuela

Gustavo González Urdaneta

Miami 17 julio 2025

 

 

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) llegó a un acuerdo con El Salvador para el envío de migrantes detenidos, pero este acuerdo ha sido cuestionado por la posibilidad de abusos en la prisión de máxima seguridad en El Salvador, según BBC y Latin America Reports. La situación de los migrantes venezolanos deportados desde EEUU es compleja y multifacética, con implicaciones legales, humanitarias y diplomáticas. En las redes sociales, las organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones de detención y trato a los migrantes deportados. Las deportaciones y las medidas tomadas por EEUU han afectado las relaciones diplomáticas con algunos países de la región, según BBC.

 

En los últimos meses ha habido un aumento de dichas deportaciones, muchas de ellas a través de vuelos directos a Venezuela. Además, algunos venezolanos han sido enviados a El Salvador, bajo la controversial Ley de Enemigos Extranjeros (LEE) de 1798, lo cual ha generado controversia y acciones legales. Se han registrado vuelos directos de deportación a Venezuela, con cientos de venezolanos retornados a su país desde febrero. Algunos venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua (TdA), han sido deportados a El Salvador bajo la LEE, una medida que ha sido criticada y suspendida por la Corte Suprema de Estados Unidos, según informes de DW y BBC.

 

Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado, aseguró el miércoles 19 de marzo 2025 que el TdA «es historia» y «no existe» en Venezuela -donde nació esa organización criminal-, y acusó a expresidentes latinoamericanos de sacar de este país a algunos de sus integrantes. En un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder del chavismo dijo que si bien “el TdA efectivamente existió”, ahora “es polvo cósmico en Venezuela”. “¿Quién se llevó a algunos delincuentes, entre ellos delincuentes seguramente del TdA, para el exterior? Bueno, el expresidente de Colombia Iván Duque se los llevó y les dió refugio en Colombia, el expresidente difunto de Chile Sebastián Piñera se los llevó a Chile», dijo. No es de extrañar estas declaraciones de quien no reconoció el triunfo de la oposición el pasado 28 de julio y se hizo proclamar ganador de estas sin presentar las actas de dicha votación ¡Usurpador!

 

La organización TdA, supuestamente desmantelada en septiembre de 2023 por la Administración Maduro, es señalada como terrorista por EE.UU., que deportó recientemente a más de 200 migrantes acusados de ser supuestamente miembros de ese grupo a El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.  El gobierno estadounidense sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a mediados de marzo pasado no había sido condenada por crimen alguno en Estados Unidos, aún antes de calificarlos de terroristas y deportarlos, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no revelados previamente.

 

La reciente aplicación de la LEE de 1798 por parte de la administración Trump ha desatado un acalorado debate sobre sus implicaciones legales, humanitarias y políticas. Esta ley, creada originalmente para tiempos de guerra, permite la deportación de ciudadanos de naciones consideradas enemigas sin necesidad de un proceso judicial formal. Sin embargo, su uso en un contexto sin declaración de guerra oficial plantea serias preocupaciones sobre los derechos fundamentales y el debido proceso. La decisión ha generado críticas de legisladores demócratas como Alex Padilla, Cory Booker, Dick Durbin y Peter Welch, quienes argumentan que EE.UU. no está en guerra y que la aplicación de esta ley sin un conflicto declarado podría sentar un peligroso precedente. Según estos senadores, la determinación de si una persona ha cometido delitos debe recaer en los tribunales, no en una decisión unilateral del presidente. Por otro lado, sectores conservadores defienden la medida como una estrategia necesaria para proteger la seguridad nacional y combatir la criminalidad transnacional.

 

Maduro reiteró su rechazo a lo que considera una «humillación» y un «secuestro de estos jóvenes trabajadores venezolanos», quienes, denunció, fueron «engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador», lo que calificó también como una «crueldad». No cabe la menor duda de que la banda TdA esté estrechamente asociada y, posiblemente, financiada por el régimen de Maduro, en línea con lo dicho previamente por la Casa Blanca, pero las evidencias operan y se requieren en razón de defensa de los derechos humanos.

 

El presidente Donald Trump y sus colaboradores han tildado a los migrantes de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y de ser “lo peor de lo peor”. Cuando múltiples medios noticiosos cuestionaron esas calificaciones con reportes que señalaban que muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, el gobierno insistió en que había basado su evaluación de los deportados en un meticuloso escrutinio que incluía el examen de crímenes cometidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero los propios registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.

 

La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas 6 de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y que era consciente de que la mitad, o 130, de los deportados no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE. UU. Sólo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración. En cuanto a crímenes en el exterior, la revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos en que los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluído el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.

 

El equipo de periodistas que desarrolló esta investigación también revisó cada uno de los casos de los deportados venezolanos y señalan que es posible que haya crímenes u otros datos sobre su pasado que no encontraron en su investigación o en la información oficial, que incluye sólo detalles mínimos sobre 9 de ellos. No hay una base de datos única, dedicada a los crímenes cometidos en Estados Unidos –mucho menos en el exterior– que esté disponible públicamente. Pero todo lo que sí encontraron contradice las afirmaciones del gobierno estadounidense.

 

Aunque las leyes migratorias no han cambiado, abogados especializados en inmigración han señalado que la administración de Trump ha adoptado una postura más estricta en su aplicación. Según The Wall Street Journal, las autoridades están deteniendo a los inmigrantes mientras sus casos son procesados en los tribunales, en lugar de permitirles permanecer en libertad durante este periodo, como era común en administraciones anteriores. Jonathan Grode, abogado de inmigración en Filadelfia, explicó que “no es que las leyes sean diferentes, sino que los árbitros están aplicando las reglas de manera distinta”. Este enfoque más severo ha generado preocupación entre los titulares de visas y green card, quienes temen ser detenidos o deportados por razones que antes no habrían sido consideradas suficientes. Además, el medio destacó que las universidades están particularmente preocupadas por la posibilidad de que estudiantes internacionales sean blanco de medidas represivas debido a sus opiniones o actividades.

 

ProPublica y el Tribune, junto con los medios venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, obtuvieron también listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol. Incluyen 1,400 nombres; ninguno de ellos coincide con el de los 238 deportados. La rapidez en la remoción y el encarcelamiento en un tercer país han convertido ésta en una de las deportaciones más trascendentes de los últimos tiempos. Las batallas judiciales en torno de si el presidente Trump tiene autoridad para expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales puede trastocar fundamentalmente el modo en que Estados Unidos lidia con ellos, sea que residan legal o ilegalmente en su territorio. Funcionarios de EEUU han sugerido públicamente que, para alcanzar el objetivo del presidente de deportar a millones de migrantes, el gobierno está considerando suspender el hábeas corpus, un histórico derecho constitucional que permite cuestionar la detención.

 

Horas antes de que los migrantes fueran subidos en Texas a los aviones que los llevarían a El Salvador, el gobierno justificó su deportación en nombre de la LEE (Alien Enemies Act) de 1798, afirmando, sin prueba alguna, que la pandilla carcelaria Tren de Aragua había invadido Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano. Calificó a la pandilla como una organización terrorista foránea y sostuvo que ello daba al presidente la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión en el extranjero, donde los deportados han permanecido durante más de dos meses sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.

 

Lee Gelernt, abogado que lidera la lucha de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra las deportaciones, afirmó que estas representan una “flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso”. De acuerdo con las leyes, dijo, un migrante que ha cometido un crimen puede ser acusado y expulsado, pero “ello no significa que puede ser sometido a una potencial condena de por vida en un gulag extranjero”. Ante los hallazgos, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, replicó que “ProPublica debería avergonzarse de estar sirviendo a unos ilegales extranjeros criminales que son una amenaza” y añadió que “el pueblo americano apoya firmemente” la agenda del presidente en materia de inmigración.

 

Consultada sobre las discrepancias entre las declaraciones públicas del gobierno sobre los deportados y la forma en que éstos están catalogados en la propia información oficial, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, repitió comunicados públicos ya difundidos. Insistió, sin proveer evidencia, en que los deportados son peligrosos. “Estos individuos caracterizados como ‘no criminales’ son, en realidad, terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más — es sólo que no tienen un prontuario en Estados Unidos”. En cuanto a la afirmación del gobierno de EE. UU. de que el TdA intentó invadir el país, un análisis de funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyó que la pandilla no obedece órdenes del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia de la administración Trump, despidió a los autores de ese informe después de que se hizo público. Según reportes periodísticos, la oficina de Gabbard explicó que ella busca “poner fin a la instrumentalización y politización” de la comunidad de inteligencia.

 

Los registros internos del gobierno indican que, con excepción de unos pocos casos, los funcionarios etiquetaron a todos los deportados como miembros del TdA, sin ofrecer mayor información sobre cómo llegaron a esa conclusión. Presentaciones judiciales y documentos que se obtuvieron muestran que el gobierno se basó, en parte, en publicaciones en las redes sociales, conexiones con miembros conocidos de la pandilla y tatuajes, entre ellos, de coronas, relojes, armas, granadas y el logotipo Jumpman de Michael Jordan. Según comprobaciones, al menos 158 de los venezolanos cautivos en El Salvador tienen tatuajes. Pero fuentes policiales expertas en el TdA en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela nos dijeron que los tatuajes no son un indicio de membresía en la pandilla.

 

McLaughlin, vocera del DHS, declaró que el Departamento confiaba en su propio análisis de quién pertenecía a la pandilla, pero que no proveería información para justificarlo. “Creo que el gobierno quiere presentar esto como un gran esfuerzo en pos de la seguridad pública de los Estados Unidos por razones políticas”, opinó John Sandweg, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero “incluso parte de la información del propio gobierno demuestra que hay una brecha entre lo que se dice y la realidad», apuntó, en referencia a los registros oficiales internos que se obtuvieron.

 

El uso de una ley de hace más de dos siglos para justificar deportaciones sin juicio podría cambiar radicalmente la política migratoria de Estados Unidos. Este precedente podría facilitar futuras deportaciones masivas sin garantías procesales, afectando no solo a presuntos criminales, sino también a inmigrantes con estatus legal incierto. A medida que el debate continúa, surgen preguntas clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos fundamentales. ¿Es esta una estrategia efectiva o un abuso de poder? La discusión está lejos de terminar.