El Impeachment: Proceso de destitución del Presidente de EE. UU. GUSTAVO GONZALEZ URDANETA

El Impeachment: Proceso de destitución del Presidente de EE. UU.

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami, 7 febrero 2019

Bastó que Donald J. Trump asumiera la presidencia de EE. UU. el 20 enero 2017, para que en un país, duramente polarizado, se destruya la creencia de que, como escribió el crítico Philip Rahv a principios de la década de 1950, “Estados Unidos es en su propia naturaleza inmune a trágicos conflictos sociales y colisiones”.

Cuando el caso Watergate estalló, hacía cuatro años que Richard Nixon era presidente. Trump llevaba solo cuatro meses y ya se había nombrado un fiscal independiente para investigarle. Las causas presentadas, en ese entonces, eran múltiples, hay quien citaba hasta ocho. Pero en resumen, primero, la grieta abierta en la Casa Blanca por la 'trama rusa’; segundo, la posible relación entre los vínculos que el jefe del Estado y su equipo hicieron en el pasado con empresarios o funcionarios del Kremlin y, tercera, los ataques informáticos y mediáticos que sufrió Hillary Clinton, rival demócrata del multimillonario, durante la campaña electoral.

Ya para ese entonces, según las noticias y articulos de opinión se le acusaba de haber revelado información de inteligencia, ineptitud para el cargo y, de restringir una investigación federal del FBI (participación de Rusia en su campaña). En muchos medios ya se emitía una opinión de culpabilidad, incompetencia y de peligro para el país del presidente Trump y hasta se publicó un libro al respecto. Desde el ascenso al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dos temas de discusión se han vuelto cada vez más populares: si el hombre está loco o no y si es apropiado hablar de si el hombre está loco o no.

Entrevistada por The Washington Post, Nikky Haley, exembajadora de los Estados Unidos ante la ONU entre el 25 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, en ocasión de la presentación de su libro With All Due Respect (Con el debido respeto), denunció un supuesto complot contra el presidente Trump en el cual habrían intervenido el exsecretario de Estado Rex Tillerson y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca general John Kelly, quienes le habrían pedido a ella socavar la autoridad de Trump, «para salvar el país», lo cual la indignó.

La Constitución estadounidense establece que el presidente "debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves". El proceso debe ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado pero el juicio, sin embargo, tiene lugar en el Senado. Y ahí se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.

Esto nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. A pesar de que la amenaza ha pendido sobre la cabeza de numerosos mandatarios estadounidenses, solamente dos han sido llevados a juicio político. El más reciente fue Bill Clinton, el 42º presidente de EE. UU., el 19 de diciembre 1998, quien fue procesado tras ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y de obstrucción a la justicia, después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a ésta que mintiera.

Para esa época, sin embargo, el nivel de aprobación popular de Clinton como presidente era del 72%. Y cuando el caso llegó al Senado, en 1999, la acusación estuvo lejos de conseguir los dos tercios de votos que necesitaba para prosperar. Ningún miembro del Partido Demócrata votó contra el Presidente en cualquiera de los cargos.  "En su prisa por destituir al presidente, (los congresistas republicanos) nunca se detuvieron a pensar si las acusaciones podían ser probadas más allá de cualquier duda razonable", se lee en un análisis publicado por la BBC en aquel momento. A diferencia de lo que pasa con Trump, los niveles de aprobación de Clinton eran súper altos.

Efectivamente, el único otro presidente de EE. UU. llevado a juicio político fue el número 17, Andrew Johnson, quien ocupó el cargo por dos períodos a partir de 1865. Fue procesado por la Cámara de Representantes en 1868, solo 11 días después de que destituyera a Edwin Stanton, su "ministro de Guerra", quien no estaba de acuerdo con sus políticas. Y las similitudes entre la destitución de Stanton y la del director del FBI James Comey —un hombre que aparentemente tampoco estaba de acuerdo con las políticas de Trump— han sido destacadas por la prensa de EE. UU.

A diferencia de Clinton, Johnson se salvó por los pelos: los dos tercios en el Senado no se alcanzaron por un único voto, gracias al número de republicanos que había en la Cámara Alta. El resultado del juicio político del presidente Andrew Johnson fue más ajustado que el de Bill Clinton. No todos apreciaban a Johnson, pero el senador por Iowa James Grimes justificó su apoyo diciendo: "No puedo aceptar destruir el funcionamiento armonioso de la Constitución solamente para que nos podamos deshacer de un presidente inaceptable".

Opositores al presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmaban que desde el comienzo de su mandato en 2017 se había involucrado en actividades sancionables mediante un proceso de destitución, en particular a raíz del asunto denominado Russiagate o trama rusa. Los congresistas y senadores demócratas fueron remisos a impulsar dicho procedimiento, pero al final decidieron realizarlo en septiembre de 2019, como consecuencia de las investigaciones y acusaciones en torno a la controversia Trump-Ucrania.

El Informe Mueller, publicado el 18 de abril de 2019, no llegó a ninguna conclusión sobre si Trump había cometido o no obstrucción criminal a la justicia, pero el investigador especial Robert Mueller insinuó enfáticamente que era el Congreso quien debía tomar tal determinación. Como resultado, el apoyo en el Congreso a la iniciación de un juicio político fue en aumento. La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se resistió inicialmente a los llamados a un juicio político, pero en mayo de 2019 indicó que las continuas acciones de Trump, que calificó de obstrucción a la justicia, y sus negativas a cumplir con las citaciones del Congreso, podrían hacer necesaria una investigación de destitución.  

Después de casi tres años de gobierno, el proceso de destitución se inicia el 12 de agosto de 2019 pues un primer informante, no identificado, presentó una queja que implicaba la participación de Trump y Giuliani en una negociación quid pro quo, para presionar al gobierno ucraniano a tomar medidas que podrían serle útiles a Trump en su campaña de reelección 2020 sacando a la luz supuestos trapos sucios de sus oponentes. Un segundo informante dijo tener conocimiento de primera mano de una llamada telefónica del 25 de julio de 2019 entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

El primer cargo con el que acusaban al presidente se centraba en la decisión de Trump de supuestamente retener USD 391 millones en ayuda militar para Ucrania, destinada para que este país luchara contra los separatistas apoyados por Rusia, a cambio de que el presidente ucraniano, Zelensky, abriera unas investigaciones sobre corrupción contra su rival político, Joe Biden y su hijo, Hunter, quien formaba parte del consejo de administración de la empresa ucraniana de gas Burisma. Este cargo implicaba el supuesto “abuso de poder” del presidente Trump en promover e impulsar intereses políticos personales utilizando para ello al cuerpo diplomático estadounidense y hasta a organismos de defensa de los Estados Unidos.

El otro cargo, sobre “obstrucción del Congreso”, estaba relacionado con su negativa a cooperar con la investigación del Parlamento y su directiva para que altos funcionarios y los organismos gubernamentales hicieran lo mismo. La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio inicio formal al proceso de destitución el 24 de septiembre de 2019. El 31 de octubre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó por 232 votos a favor, y 196 en contra, establecer procedimientos para las audiencias públicas, ​ que comenzaron la semana del 11 de noviembre. Cabe recordar que no se trata de un proceso judicial, sino de un proceso político, previsto en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, antes de abordar su helicóptero con destino a Atlanta, el 8 de noviembre de 2019 por la mañana, respondió preguntas sobre su proceso de destitución y sucesos que le concernían en la última semana. Esto dijo en algunas de sus respuestas: «No me preocupa nada» (sobre el Impeachment)»; «Nunca escuché de estas personas. No tengo idea de quiénes son» (sobre los testigos del proceso)»; «Y todo lo que importa es una cosa: la transcripción. Y la transcripción es perfecta» (sobre la llamada al presidente ucraniano); «No debería haber audiencias públicas. Esto es un engaño».

Han sido numerosas las encuestas sobre el juicio político que se han realizado en los medios de comunicación, principalmente estadounidenses, que entendieron que la opinión pública podría tener un impacto indirecto en el procedimiento de destitución. La cadena CBS dio a conocer el 12 de noviembre de 2019 una encuesta que indicaba que el país seguía dividido, pues 8 de cada 10 estadounidenses afirmaban ya tener una posición sobre el proceso de destitución, así el 43 % decía que Trump debía ser cesado del cargo, en tanto un 40 %, que debía permanecer en la Casa Blanca. Un gran número estaba de acuerdo que las audiencias sean públicas (47 %), o que según el tema algunas sean públicas y otras no (42 %). Sólo el 11 % decía que las audiencias tenían que ser secretas y a puerta cerrada.   

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes anunció el 12 de noviembre de 2019 que se realizarían cinco nuevas audiencias en el proceso de Impeachment durante la siguiente semana, con tres sesiones exclusivamente dedicadas a los funcionarios que ya han realizado declaraciones preliminares ante el comité, a puerta cerrada  En principio, las audiencias públicas fueron convocadas para el 13 de noviembre de 2019, siendo citado como primer testigo el embajador interino para Ucrania William Taylor, y como segundo testigo, el subsecretario adjunto para Europa y Eurasia George Kent. En tanto la exembajadora en Kiev, retirada por orden de Trump en mayo de 2019, Marie Yovanovitch, declaró el 15 de noviembre de 2019. Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Representantes, realizó los interrogatorios a través de un abogado especializado en crimen organizado, Daniel Goldman, un experimentado exfiscal federal.

El 19 de noviembre de 2019, la radio pública estadounidense NPR, así como la cadena pública de televisión PBS, dio a conocer una encuesta en la que se indicaba que el 65 % de los encuestados decían no poder imaginar ninguna información o circunstancia, durante la investigación del Impeachment, que les hiciera cambiar la opinión que ya tienen sobre el juicio político. Solo el 30 % expresó que sí era posible que nuevas revelaciones hicieran cambiar su posición.  

Todo fue evolucionando hasta que Donald Trump se convirtió el miércoles 18 de diciembre de 2019 en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un Impeachment. Así lo decidió una mayoría de congresistas en la Cámara de Representantes de EE. UU, dominada por el Partido Demócrata. El Impeachment -que se puede traducir como "acusación", "proceso de destitución" o "juicio político"- pasó al Senado, donde los legisladores decidirían si destituyen al presidente, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

La votación del “Impeachment” se llevó a cabo un día después de que Trump pronunciara el discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el pleno del Congreso, una intervención que definió las grandes divisiones entre republicanos y demócratas en la nación norteamericana. Dado que el Partido Republicano tiene mayoría en esa cámara, era poco probable que la destitución se produjera y, efectivamente, el proceso concluyó el miércoles 5 de febrero de 2020, tras la absolución en el Senado de los dos cargos de los que se le acusaba.

Una mayoría de votos republicanos lo absolvió en el Senado de las dos acusaciones aprobadas y presentadas por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata: abuso de poder y obstrucción al Congreso. El senador republicano Mitt Romney fue el único representante del partido en votar a favor de la destitución de Donald Trump. Ambas partes pronto tendrán que examinar los efectos de este proceso, solo nueve meses antes de las elecciones presidenciales, en las que también se renovará toda la Cámara y más de un tercio del Senado. Según encuestas, la disposición política del país es muy similar a la que tenía antes de que comenzara el proceso de Impeachment a Trump: EE. UU. está fuertemente dividido.

El índice de aprobación del presidente oscila en torno al 45%, el mismo que el de todo su mandato. Sus posibilidades de reelección son inciertas, pero están lejos de ser escasas. La decisión del Senado de no llamar a nuevos testigos en el juicio político a Trump —algo que los estadounidenses querían abrumadoramente, según sondeos—, puede olvidarse en poco tiempo.

La estrategia política de la Casa Blanca en este punto es clara: describir el juicio político como un ejemplo más del grupo de poder (establishment) de Washington que se la tiene jurada al presidente —y, por conexión, a quienes lo apoyan— desde el principio. "No van por mí, van por ti", escribió Trump en un tuit en diciembre. "Yo solo estoy en medio".

Si el plan de campaña de Trump es reunir a sus bases para que lo apoyen en noviembre —"la campaña de bases más grande en la historia de EE. UU.", en palabras del jefe de la campaña de Trump, Brad Parscale—, la acusación de los demócratas en la Cámara de Representantes y la posterior exoneración del mandatario en el Senado puede ser música para los oídos republicanos.

Por la otra parte, la gran interrogante para los demócratas, antes de iniciar el proceso, era si la resistencia continua del liderazgo del partido, incluida la presidenta Nancy Pelosi y el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, a dar el paso podía desanimar a las bases que querían plantarles cara a Trump. Al final, esos demócratas inquietos obtuvieron el juicio político que querían, y que será una mancha negra de la presidencia de Trump, pero no el resultado que esperaban. Algunos opinan que las elecciones van a dividir a nuestra nación nuevamente, pero algunos consideran que la búsqueda de la verdad ayude a los demócratas a estar en la cima y que a otras personas que son más moderadas y que todavía no han decidido su voto, esto podría llevarlas hacia los demócratas.

No hay evidencia que indique que Joe Biden haya tenido algún tipo de mala conducta en Ucrania, pero en política tales tecnicismos no siempre importan. Cierto o no, si algo hace daño, hace daño. La investigación del juicio político en sí y la vinculación de Joe Biden pueden ser suficientes para afectar negativamente su campaña presidencial, incluso aunque finalmente fracasara el intento de Trump de que Ucrania iniciara una investigación. Biden ha tratado de convertir el interés republicano en dañar sus perspectivas políticas en una fortaleza. La semana pasada tuiteó que Ernst y Trump están "muertos de miedo de que yo sea el nominado”.

Sin embargo, una encuesta de octubre mostró que el 40% de los demócratas y la mayoría de los republicanos e independientes piensan que los negocios de Hunter Biden en Ucrania son un tema de campaña válido. En una carrera por la nominación demócrata ajustada, como lo serán las elecciones generales, incluso una sombra de duda podría inclinar la balanza.

El juicio político de Trump en el Senado llegó a su fin, pero el final de un capítulo no cerrará el libro sobre los dolores de cabeza del presidente relacionados con Ucrania. John Bolton puede ser llamado por los demócratas de la Cámara de Representantes y que testifique sobre como Trump presionó a Ucrania para investigar a Biden. La Cámara podría decidir llamar a otros testigos, como el exjefe de gabinete de Trump John Kelly quien recientemente apoyó las afirmaciones de Bolton.

Según algunos columnistas los testigos después del juicio podrían ser más útiles para los demócratas. Si Bolton testifica en la Cámara será un evento importante, no uno desbordado por una absolución, como habría sucedido si hubiera testificado en el Senado. El caso de Trump estará en las noticias hasta el Día del Trabajo en septiembre.

Si la historia puede servir de guía, no se sabe de dónde ni cuándo podría venir la próxima revelación. Esta incertidumbre puede ser más que suficiente para preocupar a Trump y los republicanos

Les dejo una reflexión derivada de los casos de Carlos Andres Perez en 1993 en Venezuela y el caso actual de Donald Trump: ¿Podremos sentirnos ciudadanos de un Estado de Derecho capaz de poner en funcionamiento la totalidad del engranaje institucional de la democracia precisamente para desmontarla?