Privatización del sector eléctrico venezolano(VIII): Opción para Distribución y Comercialización (Gustavo González Urdaneta)

 

Privatización del sector eléctrico venezolano(VIII): Opción para Distribución y Comercialización

Gustavo González Urdaneta

Miami 23 diciembre 2024

 

 

Entre las opciones más utilizadas en Latinoamérica y el Caribe (ALyC) para el desarrollo de infraestructura están las Asociaciones Público-Privadas (APP), metodología que en Venezuela  ha sido utilizada más en el sector petrolero que en el eléctrico. Según la Corporación Andina de Fomento (CAF), para el 2014, los países de la región con mayor capacidad para movilizar inversión privada en infraestructura a través de APP estaban Chile, Brasil, Perú, México y Colombia, en ese orden.

 

 

El Banco Mundial define la Asociación Público-Privada como “un contrato a largo plazo entre un ente público y un ente privado, para el desarrollo y/o la gestión de un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la gestión en la vida del contrato, y su remuneración está vinculada significativamente a su rendimiento y/o la demanda o utilización del bien o servicio". Falta por definir igualmente como se adjudican los contratos.

 

 

Los principales cambios regulatorios comenzaron en el sector eléctrico latinoamericano a finales de la década de 1980. En este periodo, la mayoría de los países de la región tenían graves problemas en el servicio eléctrico por falta de inversión y mantenimiento de las infraestructuras, lo que provocó malestar en la población y aceleró la petición de reformas. Se separaron los segmentos de actividad de la generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica. Esa no era la situacion de Venezuela. La transformación del sector eléctrico de América Latina combinó la privatización de los activos estatales con una reforma regulatoria que modificó el marco y el proceso de APP. Con el Decreto-Ley de 1999 en Venezuela se instituyo la separación jurídica de las actividades del negocio electrico, pero hasta allí llegó pues la Ley nunca fue ni ha sido aplicada.

 

 

La CAF publicó en el 2017 un documento titulado “Asociación Publico-Privada en Infraestructuras Energéticas-Experiencias Latinoamericanas” en el cual establece en sus conclusiones que las APP involucran distintas disciplinas (p.ej. política, judicial, institucional, fiscal, etc.) que las hacen complejas. Por ello, un marco adecuado para las APP debe estar compuesto por un conjunto de marcos específicos (política pública, jurídico, institucional, fiscal, y soporte) y un proceso de APP que los articule y permita establecer la gobernanza.

 

 

Según la CAF, las APP deben considerarse una opción en un país con un marco regulatorio y un proceso de APP suficientemente desarrollado que minimice riesgos. Sólo así las APP pueden facilitar oportunidades de financiación, mejorar la contratación, optimizar la construcción y la O&M, y ajustar los pagos por la infraestructura construida. Adicionalmente, las APP ofrecen ciertas limitaciones observadas en su práctica que hacen que no sean una panacea. Aunque esa no es evidentemente la situacion de Venezuela no debe descartarse pues es imperativa la participación privada para la recuperación del sector energía.

 

 

Es importante destacar dos características del sector electrico venezolano, primero, que empezó por iniciativa del sector privado a finales del siglo XIX y que el actual sistema interconectado se construyó en las cuatro décadas de democracia de 1958 a 1998. La actual crisis empezó a inducirse desde 1999.

 

 

La privatización no hay que verla como un proceso para desmantelar y extinguir el Estado, sino para regresarlo a sus funciones originales: garantizar y regular las libertades individuales lo que, conforme a la concepción liberal equivale a ocuparse exclusivamente de los bienes públicos, a propiciar el buen funcionamiento de asuntos como la infraestructura, la educación o la preservación ambiental y a controlar monopolios naturales, o simplemente cubrir las fallas del mercado, como consideran los economistas neoclásicos y desarrollistas.

 

 

En otras palabras, las transformaciones que se buscan no se vislumbran como un proceso de eliminación del Estado, están sustituyendo ideologias, mecanismos, quizá modelos, que no habiendo sido aplicados con eficiencia y eficacia han llevado al deterioro actual del servicio de electricidad, simplemente ya no son eficaces. Pero la desaparición de unos mecanismos implica la presencia de otros nuevos, que igualmente van a ser regulados por el Estado. No se trata, en estricto sentido, de eliminar la rectoría económica del Estado, ésta seguirá existiendo, sólo que ahora son indispensables un conjunto de ajustes para que la rectoría del Estado se aplique a una economía abierta y no a una economía cerrada.

 

 

Estamos asistiendo a nivel global a un cambio de tendencia hacia el modelo de APP en el sector servicios con un mayor grado de involucramiento de las empresas privadas tanto en el riesgo financiero y técnico como el de operación. Si analizamos la situación, podemos destacar cuatro factores que, según el Grupo Ricardo Zuloaga (GRZ),  empujan al sector público y privado a encontrarse para desarrollar la solución:

 

 

§  El sector público tiene que atender una mayor demanda del servicio y con mayores estándares de calidad, como consecuencia de un crecimiento de la población y del progreso en los niveles de vida;

§  El sector público está afectado por una crisis financiera y energética que deriva en presupuestos cada vez más estrechos, menores niveles de inversión en infraestructuras y mayor inversión en servicios sociales debido a una población cada vez más envejecida;

§  El sector privado está mejor cualificado para asimilar riesgos de una forma más eficiente y con unas mejoras tecnológicas que permiten mayores niveles de competitividad; y

§  El sector financiero tiene un exceso de liquidez y busca nuevos nichos con mejores retornos garantizados a largo plazo.

 

 

Todos estos factores hacen que los sectores vayan adaptándose poco a poco a un modelo de contratación público-privado (APP) que permita una distribución de riesgos más repartida para así optimizar el proyecto. La metodología de financiación sin recurso de proyectos (project finance) con sus diferentes variantes (BOT, BOOT, BOO, BLT, BOOMT, etc.) se adapta muy bien a este escenario.

  

 

El Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), el ente oficial responsable de la privatización de empresas estatales adjudicó el 14 de septiembre de 1998 el 70% de las acciones de SENECA (Sistema Electrico de Nueva Esparta) a través de un contrato de concesión. Este es el primer complejo eléctrico venezolano en privatizarse. El contrato de concesión era por 50 años y comprometía al Concesionario a efectuar inversiones por más de 210 millones de dólares en un plazo de diez años. También contemplaba un régimen tarifario con las normas de calidad del servicio que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1.999. Entre las primeras decisiones que debía tomar el grupo ganador estaba la opción tecnológica para el suministro de energía a largo plazo. Esa ha sido la única experiencia de privatización del sector eléctrico y, en términos generales, fue un éxito.

 

 

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son un modelo de colaboración entre el sector público y el sector privado para la provisión de servicios y la ejecución de proyectos. A continuación, se presentan algunas de las Fortalezas y Debilidades de las APP:

 

 

Fortalezas

1. Inversión privada: Las APP permiten la inversión privada en proyectos públicos, lo que puede aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios.

2. Eficiencia y productividad: Las empresas privadas pueden aportar su experiencia y experticia para mejorar la eficiencia y la productividad de los proyectos.

3. Riesgo compartido: Las APP permiten compartir el riesgo entre el sector público y el sector privado, lo que puede reducir la carga financiera para el Estado.

4. Innovación y tecnología: Las empresas privadas pueden aportar innovaciones y tecnologías para mejorar la calidad de los servicios y reducir costos.

5. Acceso a financiamiento: Las APP pueden proporcionar acceso a financiamiento privado para proyectos que de otra manera no podrían ser financiados.

 

 

Debilidades\1. Riesgo de dependencia del sector privado: Las APP pueden crear una dependencia del sector privado para la provisión de servicios públicos.

2. Falta de transparencia y rendición de cuentas: Las APP pueden ser criticadas por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones y la gestión de los proyectos.

3. Conflicto de intereses: Las APP pueden crear conflictos de intereses entre el sector público y el sector privado.

4. Costos y tarifas: Las APP pueden generar costos y tarifas más altos para los usuarios finales.

5. Limitaciones en la participación ciudadana: Las APP pueden limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión de los proyectos.

6. Riesgo de corrupción: Las APP pueden ser vulnerables a la corrupción y el soborno.

7. Limitaciones en la flexibilidad: Las APP pueden ser inflexibles y difíciles de cambiar una vez que se han establecido.

 

 

En resumen, las APP pueden ser una herramienta útil para la provisión de servicios públicos, pero también presentan desafíos y debilidades que deben ser considerados cuidadosamente. Es importante evaluar las fortalezas y debilidades de las APP en cada contexto específico para asegurarse de que se están utilizando de manera efectiva y sostenible.