Procesos penales a expresidentes (Gustavo Gonzalez Urdaneta)

 Procesos penales a expresidentes

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami 5 abril 2023

 

La corrupción, el enriquecimiento ilícito y la violación de los derechos fundamentales han llevado a muchos ex presidentes del mundo a ser condenados por parte de los tribunales judiciales, y en otros casos aún están en trámite sus procesos. La mayoría de estos exmandatarios fueron electos por el pueblo que buscaba un cambio para su país y fueron sus habitantes los que pidieron justicia -aunque muchos de ellos los apoyaron en su momento- al enterarse de que su presidente se enriqueció, cometió delitos o fraudes.

 

Son muchos los ejemplos de expresidentes que engañaron al pueblo, así como el accionar de la justicia que los colocó tras las rejas. Entre los casos en que los exmandatarios han sido condenados están el de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú (1990-2000), quien fue condenado a 25 años de cárcel en abril del 2009 por los delitos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. El 20 de julio del 2009 Fujimori fue condenado a otros 7 años y medio de prisión al ser hallado culpable de peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado.

 

Otros ex presidentes que han sido condenados por los tribunales de sus respectivos países por cometer delitos de corrupción o violación a los derechos fundamentales son: Rafael Ángel Calderón; Costa Rica (1990-1994), 5 años de prisión; Arnoldo Alemán Lacayo, Nicaragua (1997 a 2002), 20 años de cárcel; Luis García Meza, ex dictador de Bolivia (1980-1981), cadena perpetua, murió en la cárcel.; Carlos Andrés Pérez, Venezuela (1974-1979 y 1989-1993), 2 años y cuatro meses de cárcel; Luis Ángel González Mácchi, Paraguay (1999-2003); Fernando Collor de Mello, Brasil (1990-1992), el Congreso lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por ocho años desde 1994; Chun Doo-Hwan, Corea del Sur (1980-1988), condenado a muerte, pero después le fue conmutada la pena y Moussa Traoré, República de Mali (1968-1979), sentenciado a muerte, pero después le fue conmutada la pena. Hay otros sobre los cuales hay solicitudes en curso aún.

 

Encarcelar a exlíderes por cargos engañosos y políticamente motivados puede ser común en las autocracias del mundo, pero algunas de las democracias más avanzadas no han rehuido en llevar a sus líderes a juicio por delitos. En Israel, el ex primer ministro Ehud Olmert pasó más de un año en prisión por soborno, fraude y otros cargos, mientras que el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, se encuentra en juicio por cargos similares. En Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, ha enfrentado 35 procesos judiciales penales durante su larga carrera, aunque solo una vez fue condenado por fraude fiscal y condenado a un año de servicio comunitario. El mes pasado, fue absuelto de los cargos de soborno de testigos en un juicio previo por prostitución de menores.

 

Otros líderes de naciones democráticas condenados en los últimos años incluyen a los expresidentes Jacques Chirac (malversación de fondos) y Nicolas Sarkozy (tráfico de influencias) en Francia, la expresidenta Park Geun-hye (corrupción) en Corea del Sur y el expresidente Chen Shui-bian (soborno) en Taiwán.

 

El 1 de agosto de 2021 en Mexico se realizó la primera consulta popular donde se le preguntaba a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con la posibilidad de abrir procesos penales en contra de gobernantes del pasado. Es decir, se iniciarian procesos –si se alcanza el porcentaje– sobre los posibles los delitos que hubieran cometido los expresidentes desde 1988: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Este ejercicio fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La pregunta que se hacían era sobre ¿Qué investigaciones podrían llevarse a cabo y de qué se les acusa?

 

La consulta popular promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que abría la puerta a juzgar a los exgobernantes, concluyó con varias lecturas: una insignificante participación —de menos 8%, según las estimaciones de la autoridad electoral—, una abrumadora victoria del “sí” —la opción elegida diò en torno al 90% se mostró a favor de la iniciativa para juzgar crímenes del pasado, pero el resultado no será vinculante por falta de quórum. Para que fuera vinculante, tenían que votar el 40% de los ciudadanos elegibles, unos 37,5 millones de votantes, una cifra que parecía poco probable ante el poco interés de los mexicanos hacia la consulta. Me pregunto cuál sería el resultado de dicha consulta en Venezuela y los EE UU. No me queda ninguna duda de que una consulta similar sería una gran victoria para la aplicación de justicia y el fortalecimiento de la democracia participativa en cualquier pais democrático.

 

En Estados Unidos, sucesos como Teapot Dome, Watergate, Irán-contra y Whitewater nunca pusieron a un presidente en el banquillo. El único presidente en funciones que vio el interior de una estación de policía como acusado fue Ulysses S. Grant, quien fue detenido por conducir a alta velocidad por las calles de Washington en su carruaje tirado por caballos. Pagó 20 dólares y siguió su camino. Si bien nunca se había acusado a un presidente, uno de los primeros vicepresidentes, Aaron Burr, fue juzgado por traición después de dejar el cargo por conspirar para dividir los territorios occidentales en un nuevo país, aunque fue absuelto. Casi dos siglos después, otro vicepresidente, Spiro T. Agnew, renunció en medio de un acuerdo de culpabilidad en un caso de corrupción.

 

En 1920, Eugene V. Debs, el líder socialista, dirigió su quinta candidatura a la Casa Blanca desde prisión, donde cumplía condena por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Recibió 919.799 votos, o el 3,4 por ciento de los emitidos. Por supuesto, a diferencia de Trump, no era un candidato de un partido importante y no tenía perspectivas de ganar.

 

Al menos un par de otros presidentes estaban preocupados por ser acusados después de dejar el cargo. Richard M. Nixon fue indultado por su sucesor, Gerald R. Ford, un mes después de renunciar, ahorrándole cualquier enjuiciamiento en el escándalo de Watergate. Bill Clinton llegó a un acuerdo con los fiscales de Whitewater en su último día completo en el cargo en el que admitió haber brindado falso testimonio bajo juramento sobre su relación con Monica S. Lewinsky, renunció a su licencia de abogado por cinco años y pagó una multa de 25,000 dólares a cambio de no enfrentar cargos como ciudadano privado.

 

Al perdonar a Nixon, Ford en 1974 no estaba tratando de sentar un precedente que prohibiera a futuros juicios a un presidente, dijo el historiador Richard Norton Smith en la biografía de Ford, An Ordinary Man. En cambio, estaba tratando de llevar al país más allá de Watergate mientras enfrentaba desafíos como la inflación, los últimos vestigios de la Guerra de Vietnam y un profundo cinismo de la opinión pública. “No estaba perdonando a Nixon tanto como tratando de olvidarlo”, dijo Smith. “Es decir, para contrarrestar la obsesión popular, política y mediática que, comprensiblemente, se había formado en torno al concepto impensable de que un presidente estadounidense se enfrentara a la cárcel. Y cuya existencia le impediría hacer su trabajo o que el pueblo estadounidense se enfocara en enfrentar todos los problemas que Nixon dejó”.

 

Esa decisión, agregó, no debería significar que a Trump se le entregue una tarjeta para salir libre de la cárcel debido al caso de Ford. “Parece más que un poco injusto convertirlo en un chivo expiatorio de las fechorías de los presidentes posteriores”, dijo Smith. “Como él mismo advirtió en 1980, si en algún momento los votantes eligen a un presidente arrogante y me refiero a que eso se haga de una manera viciosa, Dios ayude al país’”.

 

Durante más de dos siglos, los mandatarios estadounidenses estuvieron protegidos de las acusaciones. Pero el caso contra el expresidente Donald Trump rompe ese tabú y sienta un nuevo precedente. Un jurado investigador acusó a Donald Trump en la investigación que se le sigue en Nueva York por supuestos pagos a cambio del silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien habría mantenido una aventura extramatrimonial, algo que él siempre ha negado. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en funciones o expresidente enfrentará cargos penales.

 

Por décadas, Trump ha logrado evadir las acusaciones penales a pesar de un constante escrutinio y repetidas investigaciones, lo que creó cierta aura de invencibilidad legal que esta acusación formal ahora amenaza con romper. Sus acciones vinculadas a su derrota electoral de 2020 son el enfoque de otra investigación federal, y una fiscal de Georgia está en las etapas finales de una investigación a los intentos de Trump por revertir el resultado de las elecciones en ese estado.

 

Pero a diferencia de las investigaciones que surgieron durante su periodo en la Casa Blanca, este caso se basa en un sórdido episodio que precede a la presidencia de Trump. La estrella de telerrealidad convertido en candidato presidencial, que conmocionó a la clase política al ganar la Casa Blanca, enfrenta las consecuencias del pago de un soborno monetario a cambio de silencio para acallar un escándalo sexual en los últimos días de su campaña presidencial de 2016.

 

Entiendo que a Trump no se le prohibiría postularse para su antiguo cargo por una acusación o incluso una condena. Eso tal vez explica las respuestas de Trump y su abogada. Trump respondió a la acusación con un comunicado en el que empezó diciendo: «Esta es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia». En su respuesta, Trump también hizo un recuento sobre sus investigaciones: Rusia, Rusia, Rusia; el engaño de Mueller; Ucrania, Ucrania, Ucrania; Engaño de juicio político 1; Engaño de juicio político 2; el allanamiento ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago; y ahora esto.

 

«Creo que esta cacería de brujas con la intención de influir en la opinión pública al presentarse como víctima de lo que, según él, son investigaciones políticas dirigidas por fiscales demócratas. Y será contraproducente para Joe Biden”, aseveró. “El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. Todo el mundo puede verlo. Entonces, nuestro Movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, primero derrotaremos a Alvin Bragg, y luego derrotaremos a Joe Biden, y vamos a sacar a todos estos demócratas torcidos de sus cargos…”. La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado que Trump “es víctima de una versión corrupta y distorsionada del sistema de justicia y la historia de Estados Unidos. Él será reivindicado”. Amanecerá y veremos.

 

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto” Georg C.

  Lichtenberg

 

 

(GGU)