Dictaduras latinoamericanas (II): 1959-1999 Gustavo Gonzalez Urdaneta

Dictaduras latinoamericanas (II): 1959-1999

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami, 6 Enero 2019

En la segunda mitad del siglo XX, Fidel Castro se convirtió en el faro y espejo de la retórica y la resistencia. El Che Guevara, el icono, el héroe romántico. Fidel Castro y el Che querían convertir los Andes en la Sierra Maestra de Sudamérica, pero las guerrillas rurales que impulsaron en Venezuela, Guatemala, Perú, Colombia y más países, algunos de ellos africanos, fracasaron.  

Cuba intentó exportar su insurrección sin demasiado éxito -por las armas solamente prosperó en Nicaragua y Granada- pero devino el referente de la lucha por las causas sociales, sindicales e incluso indígenas en el continente. Ronald Reagan utilizó Granada, un lugar en el que intervenir sin provocar una gran crisis internacional en plena guerra fría, para anunciar sus intenciones de no admitir más revoluciones de izquierda en América Latina. Al final, el triunfo de los llamados barbudos quebró la izquierda latinoamericana, acomplejada ante la potencia de Estados Unidos y el recurso de las dictaduras por parte de las oligarquías.

Venezuela fue al aliado inesperado que salvó a Cuba. Latinoamérica viró a la izquierda en la última década. A partir de entonces empezó a cosechar victorias electorales en Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Argentina. No hay duda de que la influencia de la revolución cubana sobre Latinoamérica fue superior a la que tuvo la revolución rusa en Europa en su tiempo, pero el ideal cubano dio más réditos por las urnas que por las armas.       

Esta segunda parte de la trilogía cuenta con diez dictaduras adicionales que iniciamos con la Cuba de Fidel y cerramos con el inicio del régimen “autoritario” chavista de Chávez en 1999. Castro tuvo la dicha de vivir 90 años y mantener su influencia durante décadas, pero tuvo la desgracia de contemplar, con profunda resignación, que Cuba se estaba convirtiendo en algo muy distinto a lo que él había soñado y por lo que había luchado y matado. Chávez, no tuvo esa suerte y murió creyendo que a través de su “sucesor designado” Nicolas Maduro y Cuba le daría continuidad a su proyecto revolucionario. Hoy, afortunadamente, las cosas están cambiando en Latinoamérica.

En Cuba (1959), Fidel Castro Ruz fue un abogado, militar, político y revolucionario marxista cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro (1959-1976) y presidente (1976-2011) después de su victoria en la revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana el 8 de enero 1959 y fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargos que ocupó hasta el 24 de febrero de 2008. Desde 2008 hasta 2016, cuando falleció, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Ya en 2006, la revista financiera estadounidense Forbes advertía que Fidel Castro era uno de los mandatarios más ricos del mundo con una fortuna calculada en 900 millones de dólares. La revista consideraba que el entonces presidente cubano era el séptimo mandatario más rico del mundo. Es posible que en el reciente libro “Yo fui guardaespaldas de Fidel Castro y su familia” pueda aportar detalles adicionales sobre la fortuna de los Castro.

La organización Archivo Cuba, con sede en Miami, señala, por ejemplo, que en el más de medio siglo que lleva la Revolución se fusilaron a 3.116 personas y otras 1.166 fueron ejecutadas extrajudicialmente, aunque reconoce que es "muy difícil" saber los números exactos. El proyecto "Verdad y Memoria" de la organización Archivo Cuba, donde participan miembros del exilio cubano en EE. UU., busca documentar los casos de víctimas del gobierno de casi seis décadas en el poder. Hasta el último día de 2015, el grupo tenía documentadas 7.062 muertes y desapariciones "atribuidas al régimen castrista" desde 1959.

A Lenin todo el mundo lo recuerda como el líder indiscutible de la Revolución Rusa y a Mijaíl Gorbachov por la Perestroika que precipitó la disolución de la Unión Soviética. De Fidel Castro no sabemos todavía si pesarán más sus luces o sus sombras. O tal vez la historia jamás se ponga de acuerdo o decida quedarse en la mitad exacta entre lo positivo y lo negativo. Por ahora no sabemos si la historia lo absolverá.

En Brasil (1964) se suele emplear el término dictadura militar para referirse al período histórico iniciado en Brasil con el golpe de estado del 31 de marzo de 1964 que derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo Branco, y finalizado con la victoria electoral del Movimiento Democrático Brasileño, asumiendo José Sarney como primer presidente civil el 15 de marzo de 1985.

Durante el período de gobierno militar, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico, y el anticomunismo como banderas oficiales. A lo largo de toda su existencia, sobre todo durante las décadas de 1960 y 1970, la dictadura militar brasileña recibió asistencia logística y económica del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Cóndor, instaurándose dictaduras similares en el marco más amplio de la Guerra Fría. A partir de la década de 1980, la hegemonía militar entró en crisis debido a la inflación crónica y el colapso progresivo de los regímenes militares en Argentina, Perú y otros vecinos en Sudamérica.

El informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) del 10 de diciembre 2014 indica que los militares fueron responsables de 421 asesinatos y desapariciones de adversarios políticos del régimen que gobernó el país de 1964 a 1985. La Ley de Amnistía, promulgada en 1979, perdonó los crímenes cometidos durante la dictadura. Liberó a más de 25.000 presos políticos y garantizó que los militares y sus seguidores no fueran juzgados.

En 1985, se realizó la última elección indirecta, disputada solo por candidatos civiles, y triunfando el candidato Tancredo Neves, por amplio margen. Neves falleció antes de asumir el cargo, siendo reemplazado por José Sarney. Sarney asumió la presidencia el 15 de marzo de 1985, poniendo fin al régimen militar. Tras su elección, restauró las libertades civiles y programó la aprobación de una nueva constitución en 1988, restaurándose la elección directa del presidente de la república, y sellando la transición definitiva a la democracia.

En Perú (1968), el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un régimen militar que se inició el 3 de octubre de 1968 con un golpe de estado institucional contra Fernando Belaúnde Terry y terminó el 29 de agosto de 1975 con el golpe militar realizado por Francisco Morales Bermúdez. En este período, Juan Velasco Alvarado ocupó de facto la Presidencia de la República del Perú como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

Juan Velasco supeditó la Constitución y las leyes al gobierno, no puso límite temporal alguno a su mandato, ordenó la toma de las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC), estatalizó los medios de comunicación e impuso un sistema de censura y control que impedía la libertad de prensa y confiscando todos los diarios de la capital, en la medianoche del 27 de julio de 1974, nacionalizó la banca y realizó todo tipo de nacionalizaciones y expropiaciones.

El 1 de febrero de 1975 se inició en Lima una huelga de policías, quienes se quejaban de maltratos y exigían aumento de sueldo. Los policías se acuartelaron pacíficamente en el centro de Lima, y en la medianoche del 4 al 5 de febrero fueron despiadadamente atacados por la tropa y las unidades blindadas del ejército. Tal situación provocó el estallido popular y el ejército salió a la calle el 5 de febrero; en el transcurso de la tarde y la noche de ese mismo día, restableció el orden a sangre y fuego e hizo un número indeterminado de víctimas. El gobierno suspendió las garantías constitucionales e impuso el toque de queda; el saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1.012 detenidos y 53 policías enjuiciados.

Hoy en dia, nombres como Videla o Pinochet figuran en la lista negra de los dictadores que impusieron su poder por las armas, lo mantuvieron con el terror y llevan en su mochila un buen número de víctimas; por el contrario, nadie habla de que en Perú, durante siete años, se estableció un régimen en el que se violaron derechos humanos como también se hizo en Chile y Argentina en las décadas de los 70 y los 80, algo que no deja de ser curioso. Faltan datos para saber si la dictadura de Velasco Alvarado fue más o menos sangrienta que las de los otros, lo que históricamente queda acreditado es que los derechos y libertades fueron despreciados y pisoteados por otro individuo también con uniforme, galones y estrellas.  Si bien enriqueció una nueva casta de burgueses ligados a los cuarteles nada que ver con la corrupción de Fujimori y Alan Garcia.

En Bolivia (1971), Hugo Banzer fue un militar y político boliviano, presidente de la República en 2 períodos: 1971-1978, mediante golpe de estado, y 1997-2001, mediante elecciones. Fue un dictador por siete años, dejando incontables denuncias de atentados contra los Derechos Humanos. Contrajo una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia y su gobierno perpetró los actos de corrupción muy sonados.

Su gobierno participó en el Plan Cóndor; operativo de represión antiizquierdista, instrumentado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, hasta el Perú de Francisco Morales en los años 70. Durante este periodo Bolivia suministró principalmente a Chile y a Argentina (y viceversa) información sobre el movimiento de los que entonces eran llamados 'subversivos' y que se encontraban dentro del territorio de estos países. El Plan Cóndor dejó un saldo de más de 100.000 muertos y desaparecidos en la región y más de 400.000 latinoamericanos fueron víctimas de políticas de Estado terroristas, cuya base estuvo diseñada en Washington. 

Fue derrocado el 21 de julio de 1978 y el Congreso Nacional de Bolivia intentó enjuiciar a Banzer por crímenes de lesa humanidad, durante su dictadura; pero el juicio de responsabilidades no llegó a producirse. Tras el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Banzer se presentó una vez más a las elecciones, ganándolas y alcanzando así en 1997 la presidencia por la vía constitucional. En su segundo periodo como presidente, Hugo Banzer trató de igualarse a su antecesor y dio continuidad a algunas políticas. Su principal medida de gobierno fue la erradicación de las plantaciones de hoja de coca sobrantes con apoyo del Gobierno de EE. UU., lo que ocasionó grandes movilizaciones, bloqueos de rutas, marchas, donde el entonces diputado Evo Morales lideraba los sindicatos de productores de hoja de coca.

Durante su mandato, se hizo público que sufría de cáncer lo que obligó a Banzer a dimitir a la presidencia de la República por motivos de salud en 2001, dejando el cargo a su vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga. Pocos meses después de renunciar a la presidencia de Bolivia, Hugo Banzer murió el domingo 5 de mayo de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 75 años. Su legado político no sobrevivió a su muerte y la corrupción marcó su gestión democrática con hechos como el sobreprecio en la compra del avión Beechcraft, que vinculó a su entorno político y familiar.

En Chile (1973), Augusto Pinochet, fue Presidente entre 1973 y 1990, gobernando como dictador tras el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Salvador Allende, en un golpe de Estado. Su legado sigue siendo muy controvertido: sus partidarios apuntan a la floreciente economía de Chile y su clasificación como uno de los países más prósperos de América Latina, mientras que sus oponentes conjeturan que estas mejoras económicas se han producido a un enorme costo humano. 

Solo a tres semanas de su nuevo cargo como Comandante en Jefe en 1973, nombrado por el presidente Salvador Allende, primer líder marxista elegido democráticamente en el mundo, Pinochet jugó un papel central en el golpe patrocinado por la CIA contra el presidente en septiembre de 1973. El objetivo del golpe era "liberar a Chile de la opresión marxista". El ataque culminó en los alrededores del palacio presidencial, conocido como La Casa de la Moneda, con el suicidio del presidente Allende. Antes del golpe, Chile había tenido una larga historia de país democrático en el que prosperaba el Estado de Derecho.

Pinochet fué entre los años 70 y 80 uno de los pilares del “Plan Condor”, el sistema de represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur que le costó la vida a más de 100.000 personas según los organismos de derechos humanos. Hay quienes aseguran que Pinochet habria sido el “gestor ideológico” de dicho Plan.

En 1998 el general Pinochet viajó a Londres para ser operado de la espalda y fue puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades, a petición del Gobierno español, pero en el 2000 el gobierno británico revocó ese fallo por razones médicas y el general regresó a Chile. En el 2004 Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario en espera de juicio, pero murió de un ataque al corazón en 2006, antes de los procedimientos judiciales completos se pusieran en marcha.

Durante sus 17 años como dictador Pinochet acumuló un patrimonio que la justicia avaluó en US$21,3 millones. Pero parte de su fortuna la invirtió en propiedades que sólo han aumentado su valor y que según expertos consultados hoy costarían unos US$ 28 millones. A eso hay que agregar US$3,1 millones que la familia de Pinochet obtuvo de ventas inmobiliarias, US$5 millones en depósitos que están embargados y US$5,4 millones cuyo destino es desconocido. El futuro de gran parte del patrimonio de Pinochet depende del desenlace del Caso Riggs, que podría entregarlo al Fisco o a sus herederos. El 19 de junio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido general en retiro, que se encontraban embargadas a raíz del dictamen que fue dictado por el entonces juez, Manuel Valderrama. Lucia Hiriart, viuda de Pinochet, cuyo apodo de “la vieja” también se debe a la influencia que tuvo durante en las decisiones que tomó Pinochet y a las propiedades que hasta hoy mantiene desde Cema Chile, tiene 96 años a la fecha.

En Argentina (1976), la dictadura que encabezó durante cinco años Jorge Rafael Videla es calificada como la más cruel que ha vivido ese país en su historia: se le acusa de la desaparición y muerte de cerca de 30 mil personas. Videla fue quien lideró el golpe militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón en marzo de 1976 y se adjudicó el poder durante cinco años, en los que se hizo sistemática la desaparición de disidentes y el secuestro de los bebés de los asesinados.   

Tras la recuperación de la democracia en 1983 fue juzgado y condenado a cadena perpetua y destitución del grado militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Posteriormente, el presidente Carlos Menem lo indultó en 1990, pero en 1998 volvió a ser privado de libertad, sin embargo, luego de pasar treinta y ocho días preso se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2008 perdió ese beneficio y regresó de manera definitiva a la cárcel. El 22 de diciembre de 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso de los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín (Córdoba) y el 5 de julio de 2012 fue condenado a cincuenta años en prisión por encontrárselo ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento sistemático de neonatos y niños durante la dictadura.

 

Según el parte médico del Penal de Marcos Paz, Jorge Rafael Videla falleció a las 6:25 de la mañana del 17 de mayo de 2013, a la edad de 87 años, sentado en un inodoro, por muerte natural.  El exdictador argentino fue encontrado muerto en el penal sin pulso ni respiración, donde cumplía con el castigo de cadena perpetua. Hasta el día de su muerte, Videla justificó el terrorismo de Estado que impuso en Argentina durante su dictadura y nunca se arrepintió públicamente de sus crímenes.

En Uruguay (1973), Juan María Bordaberry fue protagonista de un autogolpe que instituyó una sangrienta dictadura militar y gobernó Uruguay hasta 1976. En 2006 fue condenado a 30 años de prisión por nueve delitos de desaparición forzada y seis asesinatos. Murió en su casa en el 2011 en Montevideo, donde cumplía arresto domiciliario. Tenía 83 años.

Pese a que Bordaberry llegó democráticamente a la presidencia uruguaya en 1972, el 27 de junio de 1973 prohibió los partidos políticos, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado -controlado por militares- como órgano superior de su Gobierno. Y mantuvo su cargo. A diferencia de las dictaduras de Argentina, Chile o Brasil, la de Uruguay tenía a un civil a la cabeza. Su gestión, sin embargo, era vigilada por las Fuerzas Armadas. La falsa capa democrática no disminuyó la crueldad del régimen. Una comisión gubernamental creada en 2000 concluyó que la dictadura dejó 38 uruguayos desaparecidos en el país sudamericano, 182 en Argentina, 8 en Chile, 2 en Paraguay y 1 en Brasil. En 1976, los militares decidieron destituirlo del cargo de presidente y lo sustituyeron por otro civil, Alberto Demicheli.

 

La democracia volvió a Uruguay en 1985, pero tuvieron que pasar 20 años para que Bordaberry fuera sometido a un proceso judicial. En 2005 enfrentó un juicio por el asesinato en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los exguerrilleros Rosario Barredo y William Whitelaw. A la par, también fue imputado por atentar contra la Constitución, nueve crímenes de desaparición forzada y otros dos asesinatos. El 16 de noviembre de 2006 fue arrestado, mas solo estuvo un año en la cárcel. Debido a su precaria salud, las autoridades le concedieron el arresto domiciliario en 2007. Ahí se encontraba cuando en 2010 fue condenado a 30 años de prisión por esos delitos. Uno de los nueve hijos de Bordaberry, Pedro, es actualmente senador por el Partido Colorado, la tercera fuerza del país.

En Uruguay (1976), cuando cayó el dictador Juan María Bordaberry, en junio de 1976, los militares nombraron interinamente a Alberto Demicheli y el 26 de agosto el Consejo de la Nación nombró a Aparicio Méndez como primer mandatario por un período de cinco años (1976-1981). Un 1 de septiembre asumía Méndez como dictador que fue en su momento uno de los “notables” del Partido Nacional y estuvo cinco años en los que ocurrieron hechos gravísimos.

En su primer discurso como presidente, Méndez dijo que “la base moral del gobierno que se inició el 27 de junio de 1973, concreta sus primeros ajustes fundamentales en este momento”. Y se lanzó contra el Poder Judicial, cuya independencia desaparecería durante su gobierno, y el “falso concepto” de la separación de poderes. El dia que asumió el cargo, firmó el acto institucional que proscribió por 15 años a los elencos dirigentes de los partidos políticos (blancos, colorados).

El ciclo “autoritario” encabezado por Méndez se caracterizó por una exacerbación de la represión estatal contra toda oposición política, el Plan Condor en el cono sur americano, muchos detenidos desaparecidos, condena de la ONU y de la OEA por violaciones a los derechos humanos la enmienda Koch, que implicó la suspensión de la ayuda militar de los EE.UU.

Los crímenes del Plan Cóndor en los documentos referidos a Uruguay se extienden por todo el proceso dictatorial y abarcan varios asuntos, desde secuestros y desapariciones las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en las cárceles y en los centros clandestinos de detención. La desclasificación de los documentos permitió confirmar la existencia de un plan ideado por los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur para la eliminación de exiliados políticos contrarios a estos regímenes en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, en el caso de Uruguay, se señala que el mejor contacto era el comandante en Jefe del Ejército más que el designado presidente Aparicio Méndez “quien aparentemente no sabe nada sobre la Operación Cóndor, y en cualquier caso probablemente tenga poca influencia en la situación”.

En setiembre de 1981, al vencer su mandato, Méndez dejó el sillón presidencial a su sucesor y vivió muy austeramente junto a su esposa hasta su muerte ocurrida el 27 de junio de 1987, -aniversario del golpe-, a causa de una larga enfermedad.

En Panamá (1983), Manuel Noriega, militar y político fue dictador militar entre 1983 y 1989, cuando fue removido del poder por los Estados Unidos durante la invasión a Panamá.  Desde la década de 1950 hasta poco antes de la invasión estadounidense en 1989, Noriega colaboró cercanamente con la CIA. En 1992 fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de reclusión, bajo la acusación de estar relacionado con el cártel de Medellín. La pena se rebajó posteriormente a 30 años y luego a 20 por "buena conducta".

A principios de 2008 permanecía en una cárcel de Miami a la espera de que se definiera su situación. Francia solicitó su extradición, ratificada en enero de 2008 por un juez estadounidense. Noriega fue condenado en 2010 por la justicia francesa a siete años de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico. Un juez francés le concedió la libertad condicional en septiembre de 2011 pero Noriega siguió en la cárcel parisina de La Santé hasta su extradición a Panamá el 11 de diciembre de 2011 para enfrentarse a tres condenas de 20 años cada una por crímenes cometidos durante su régimen, incluida la desaparición y muerte del médico opositor Hugo Spadafora.

A la postre, Noriega hubo de pagar caro su tren de vida y el oscuro origen de la fortuna que amasó, estimada en más de 625 millones de euros. Durante los seis años (1983-1989) que dirigió Panamá con mano de hierro sembrando el terror entre sus opositores, su vida transcurrió amenizada por fiestas continuas, derroche, libertinaje y hobbies extravagantes. Todo ello, sin olvidar una gigantesca caja fuerte donde Noriega escondía millones de dólares, francos, libras y todo tipo de divisas. Poco le dio tiempo a gastar.

En 2017, fue operado para extirparle un tumor benigno localizado en el cerebro. Las autoridades panameñas le habían concedido el arresto domiciliario hospitalario por su estado delicado de salud hasta su fallecimiento a los 83 años. Como el de otros dictadores, el ocaso del oscuro general golpista no fué precisamente dorado.

 

En Perú (1990), Alberto Fujimori se convierte en el Presidente de la República del Perú, pero con el autogolpe de estado de 1992, toma ilegalmente las instituciones, una reelección presidencial inmediata al modificar la Constitución Política del Perú de 1979 y el fraude electoral del 2000, Fujimori pasó a ser un mandatario autoritario por el resto de su gobierno. Su mandato fue desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000.

Durante el régimen fujimorista (1990-2000), los militares se involucraron en genocidios de pueblos, en el crimen dirigido desde los cuarteles, en la organización de bandas paramilitares, en matanzas de pobladores, en el tráfico internacional de droga, en el robo y otros delitos cometidos desde las altas instancias de las fuerzas armadas y del Estado. No puede haber patriotismo junto a fuerzas armadas inmorales, criminales y corruptas. El ejército peruano nunca ha ganado una guerra, y su historia está rodeada de actos innobles contra la nación. Su historia se reduce a hechos de corrupción, verticalismo y abusos cotidianos contra los propios soldados que provienen de las clases populares. Las fuerzas armadas del Perú son, sin ninguna duda, la institución más antipatriota y nefasta del país.

A fines del año 2000, al verse acorralado por diversos escándalos durante su gestión, viajó del Perú hacia Brunéi y pretendió dimitir a su cargo de Presidente a través de un simple fax. Sin embargo, fue destituido por "incapacidad moral" por el Congreso. Gracias a su doble nacionalidad, al principio pudo evadir las acusaciones judiciales que pesaban en su contra hasta 2005. El 6 de noviembre de 2005, Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país y el 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del poder judicial del Perú para extraditarlo.

El 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992. Previamente, Fujimori ya había sido hallado culpable por ilegal allanamiento de morada (Vladimiro Montesinos) y en el 2009 peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del estado. En el 2013 hubo una moción de indulto que fue negada al igual que un derecho de gracia en febrero 2018 pero el 12 de octubre la mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano aprobó el proyecto de ley que propone que los adultos mayores, de 65 a 75 años, que hayan completado un tercio de sus sentencias puedan cumplir arresto domiciliario.

El libro “Historia de la corrupción en el Perú” de Alfonso Quiroz muestra las pruebas de los gigantescos robos en el gobierno de Fujimori. ¿Fueron seis, cinco o cuatro mil millones de dólares? El astuto y criollísimo Alberto Fujimori, no dejó huellas en cuentas de bancos. Ya es casi una leyenda que en cada uno de sus viajes llevaba maletas con dólares y barras de oro. Es un hecho que su hermana y su marido, embajador peruano en Japón, quedaron para siempre en esas tierras y si volvieran irían a la cárcel. La pregunta del millón es: ¿No tendrán los Fujimori una pequeña fortuna en Japón? Hipotéticamente, se puede pensar en una cifra pequeña de mil millones para el profesor de matemáticas Alberto Fujimori y otros dos mil millones repartidos entre todos los miembros importantes de su gobierno. Pasar por la vergüenza de pedir dinero simulando falta de recursos, dice mucho de esta dinastía, desgraciadamente producida por el Perú del mismo modo que Montesinos y Abimael Guzmán.

En pleno siglo XXI, en el mundo contemporáneo, siguen existiendo regímenes dictatoriales excepcionales, sistemas de gobierno “democráticos” con carácter de dictadura en el cual, además de que sus poderes legislativos, judiciales y ejecutivos recaen directa y exclusivamente sobre un individuo y un partido hegemónico, cuentan con el apoyo irrestricto del poder militar. Es el caso de Venezuela con otra particularidad, la soberanía la ejerce otro país (Cuba) y la seguridad interna está en manos de bandas delictivas (Colectivos, policías nacionales) y terroristas (Hamas, Hezbolá, FARC, ELN, etc.) sin que el gobierno (FANB, GN) cumpla con su mandato institucional de garantizar la seguridad y la paz nacional. El caso Venezuela merecerá especial atención cuando recupere su democracia.

  

Como muy bien dijera Luis Almagro, en su mensaje a Venezuela en diciembre 2018, “las dictaduras no tienen signo ideológico, sólo son eso: momentos en la historia que reprimen las libertades en aras de un supuesto “proyecto”, “revolución” o “proceso”. Todas ellas son expresiones falaces que sólo esconden la inmisericordia mirada autoritaria hacia el otro, al que tanto le violentan sus derechos básicos, sus derechos humanos y al que se lo esclaviza”.

En Latinoamérica persisten las Comisiones de la Verdad, cuyas actividades comprenden la búsqueda, análisis y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante los años de dictadura, sería recomendable que Venezuela revisara la actual que fue definida por la Asamblea Nacional Constituyente.