Venezuela: ¿Adónde vamos este 10 de enero? Gustavo Gonzalez Urdaneta

Venezuela: ¿Adónde vamos este 10 de enero?

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami, 19 diciembre 2018

Desde mi artículo del 9 de julio 2017 “La crisis venezolana alcanzo su Tipping Point” han pasado dieciocho meses y para esa fecha ya se daban las tres características que definen un TP (punto de inflexión): la crisis se habia contagiado en todo el país; estaban en curso pocas acciones que podían tener grandes efectos; y los cambios que se esperaban podían no ser graduales sino dramáticos. Ahora, sin embargo, nos estamos haciendo la pregunta ¿Adónde vamos Venezuela, este 10 de enero?

Algunos señalan que es hora de actuar, que ya no hay tiempo para la retórica y que la palabra la tenemos todos los venezolanos y hacen un llamado a la ayuda internacional de los países hermanos amantes de la libertad y la democracia y que cada uno haga su parte.

Mis querido compatriotas, al régimen del señor Maduro no le importa si los venezolanos se quedan o se van, dan su consentimiento o no, sobreviven o se mueren de hambre, ni las sanciones que le han aplicado, él ha sobrevivido dentro del colapso económico nacional. Es una lección grotesca para el mundo que a pesar de todos los esfuerzos realizados no se haya logrado destituirlo.

Creo que es pertinente, al tratar de responder la pregunta que hoy nos hacemos, recordar algunas de las acciones en curso desde hace más de año y medio que debían llevarnos a sacudirnos un régimen que ha convertido al país en un Estado Forajido y Fallido. No se trata de retórica sino de recordar lo que cada uno ha hecho, ha dejado de hacer o, peor aún, se ha negado a hacer a pesar de haberse planteado desde hace ya varios años. Eso nos ayudará a responder en parte nuestra duda actual sin que lleve implícito ningún tipo de culpabilidad.

La primera acción a recordar fueron las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 posterior a la muerte del presidente anteriormente electo Hugo Chávez que se realizaron el domingo 14 de abril de 2013. La principal coalición opositora que participaba en la elección fué la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski. Nicolás Maduro ganó estos comicios por el 50.61 % de los votos contra el 49.12% de Capriles.

En la noche del 14 de abril, Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a un reconteo total de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 3.500 supuestas irregularidades durante el proceso de votación, lo cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. A pesar de todas las denuncias e impugnaciones presentadas por Capriles (al menos 10), el 19 de abril de 2013, Maduro inició su mandato formal para culminar el periodo constitucional 2013-2019.

La segunda acción fué la elección parlamentaria del 2015 que se celebró el 6 de diciembre para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional (AN) y que fueron las primeras elecciones parlamentarias que se celebraban después de la muerte de Hugo Chávez. Fueron los cuartos comicios legislativos nacionales desde la Constitución de 1999, que estableció la creación del actual órgano legislativo. Las elecciones resultaron en la victoria de la MUD con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (AN), o sea el 56,2% de los votos, y la primera victoria electoral de peso para la oposición en 17 años.

Lamentablemente, en mi opinión, poco ha sido el provecho derivado a la fecha de esta primera victoria tan determinante para la oposición. En ese entonces, el recién electo presidente de la AN, Henri Ramos Allup, vociferó a todo gañote que en seis meses sacaban a Maduro y todos sus adláteres. Muy a pesar nuestro, no solo no lo cumplió, sino que el 30 de julio de 2017, el régimen realizó elecciones para los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo (también sede de la AN). La ANC ha sido parte del bloqueo continuo a la AN legal juntamente con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Previamente, el 6 de julio 2017, se dió la consulta popular promovida por la AN, sobre la cual volveremos más adelante y el 21 de julio la AN nombro' el TSJ en el exterior cuyas decisiones no han tenido mayor trascendencia.

La tercera acción, a tener presente hoy en dia, son las protestas en las calles. El 1 de abril de 2017 empezó en Venezuela la segunda ola de protestas antigubernamentales masivas registrada durante la presidencia de Nicolás Maduro y la cuarta de la “era chavista”, inaugurada en 1999. Los otros ciclos de manifestaciones tuvieron lugar en 2014, en 2007 y entre los años 2001 y 2003, cuando el difunto Hugo Chávez (1954-2013) fue objeto de un intento de derrocamiento (11.4.2002). Siguiendo órdenes de Maduro, el TSJ emitió sentencias que despojaron de sus facultades al Parlamento el 28 y el 29 de marzo de 2017. Enseguida, la MUD, llamó a marchar contra el golpe de Estado sin la venia de las autoridades pertinentes.

Desde que el TSJ emitió su sentencia contra la AN en marzo 2017, que luego suprimió, el país se sumió en una crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Como respuesta a la sentencia los venezolanos se tomaron las calles por más de 100 días. Hubo protestas tanto de la oposición como del oficialismo. Según fuentes oficiales 91 personas murieron en este periodo y hasta el 20 de junio se reportaron un total de 1.413 heridos. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró la primera semana de julio que en Venezuela los presos políticos van en aumento, pues mientras “al comenzar las manifestaciones eran 117”, ahora “son más de 400”.

Atizar el entusiasmo de sus seguidores es un serio desafío para una oposición no-integrada, que ve menguar intermitentemente la respuesta a sus convocatorias por razones diversas, desde las exigencias de la vida cotidiana –ir y venir del trabajo o buscar empleo, conseguir medicinas y alimentos para la familia son auténticas odiseas– hasta los riesgos para la integridad física. Venezuela registró 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2017, lo que se traduce en 26.616 víctimas, un descenso de casi un 3% respecto a las cifras del año anterior y mantiene al país caribeño en el segundo lugar en la lista de países más peligrosos del mundo, encabezada por El Salvador.

¿Cómo ha sido el proceso de diálogo en Venezuela? Luego de los hechos violentos promovidos por la derecha en febrero de 2014, Nicolás Maduro invita a la oposición a establecer un diálogo y de esta manera resolver la tensión política del país; la coalición opositora MUD anuncia que no asistirá. En abril de ese mismo año, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) envía una comisión de cancilleres. El Vaticano consigna un representante apostólico. La oposición aceptó y se entablaron las negociaciones. En octubre de 2015, La MUD rechaza nuevamente el diálogo y luego de las elecciones parlamentarias, que se realizaron en diciembre, Maduro insiste en el diálogo, pero los dirigentes opositores se negaron a entablar conversaciones. Aun cuando el dialogo nunca contó con el apoyo de la mayoría opositora constituyo la cuarta accion de la oposición que si lo avalaba.

Para marzo de 2016 se celebró la primera reunión en República Dominicana para que representantes del Gobierno y oposición iniciaran las conversaciones y el ciclo de reuniones continuó durante 2016 y 2017 hasta febrero 2018 sin haberse llegado a ningún acuerdo que se haya ejecutado, pero si le dio oxígeno al gobierno ante las presiones previas resultantes de los triunfos del 6D-2015 y el 16J-2017. Esto era de esperarse pues en el ánimo del gobierno lo que prevalecía era darle continuidad a su gobierno hasta el 10 de enero 2019, razon de las presentes reflexiones.

La quinta acción, correspondió a la consulta nacional de Venezuela de 2017, también llamado plebiscito nacional, que fué una consulta popular convocada por la AN la cual se celebró el 16 de julio de 2017. Esta jornada se realizó en respuesta a la crisis institucional por la que atravesaba el país. Este proceso electoral se diferenció de procesos anteriores debido a que se trató de un acto de desobediencia civil, en el contexto de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la constitución venezolana, en el cual se desconoce al CNE y al TSJ, debido a lo que la oposición consideró la «ruptura del hilo constitucional» generada por ambos poderes.

El gobierno venezolano desconoció los resultados de la consulta por considerarlos inconstitucionales. La presidenta del CNE pidió que no se generaran falsas expectativas y sostuvo que el proceso no tenía validez jurídica. El contralor general lo rechazó al sostener que "la figura del plebiscito no aparece en la Constitución", y el defensor del pueblo afirmó que los resultados no serían vinculantes. Por otra parte, numerosos gobiernos expresaron su apoyo a la consulta y las Naciones Unidas instaron a que se respetaran los resultados. Por su parte la AN no ejecuto' ninguno de los tres objetivos propuestos incumpliendo el mandato de la Sociedad Civil (SC) dado el abrumador apoyo nacional e internacional que tuvo dicha consulta. Todo lo contrario, se habia prestado desde antes a participar en la serie de diálogos ya descritos con el gobierno. 

La sexta acción que debía haber tenido gran efecto con resultados rápidos y certeros es la Cooperación Internacional (CI). Desafortunadamente, no habíamos tenido mucho éxito con las CI previas: El Centro Carter (2002-2004), el bien intencionado Luis Almagro desde la OEA (2015), aun en curso, y el dialogo inútil ya citado donde participó hasta el Vaticano.

El Grupo de Lima (GL), es una instancia multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital homónima, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la liberación de los presos políticos, pide elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano. Surge tras la Declaración de Lima el 8 de agosto de 2017, luego de que los países afines a esta instancia y algunos otros no lograran activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela por la ruptura del orden constitucional del mencionado país debido al bloqueo de votos a favor de la resolución por parte de países caribeños afectos por interes al gobierno venezolano.

Los doce países del GL tienen un empate técnico en sus últimas decisiones. Primero, lamentablemente, expresaron en un comunicado conjunto del 16 de septiembre 2018, "su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela". Abogaron por "una salida pacífica y negociada" para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la "grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país", por lo que reiteraron que continuarán promoviendo iniciativas para este fin en el marco del derecho internacional.

Segundo, además de haber rechazado en su oportunidad la convocatoria y desconocido el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, la canciller peruana Cayetana Aljovín informó que la presencia del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2018 «no será bienvenida en dicho encuentro», citando a la declaración de Quebec de 2001, la cual señala que «la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas».  Bajo este empate interno del propio GL, les corresponde, en parte, responder a la duda del 10 de enero 2019, fecha en que Maduro pretende continuar como Presidente reelecto en el sufragio ilegal de mayo pasado. De no hacerlo, se confirma lo de Paul Tabori, una ligera proporción de estupidez es tan improbable como un ligero embarazo.

La séptima iniciativa, en curso y las más efectiva en contra del régimen de Venezuela y sus personajes, son las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) el 13 de noviembre de 2017, desde Bruselas, Bélgica contra siete miembros del gobierno, las cuales se unen a las ya impuestas desde Washington en contra de 30 altos funcionarios venezolanos, incluidos el presidente de la nación, Nicolás Maduro, que les prohíben hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda y acciones de Venezuela.

Ha sido evidente el bloqueo que las sanciones de EE. UU. han tenido en la operatividad del régimen castrocomunista venezolano y en sus miembros, pero, al final, los más afectados es la sociedad civil que ha padecido el incremento de la escasez de todo más una situación hiperinflacionaria que ha anulado el valor de la moneda nacional. Por otra parte, no incentiva el que los cubanos llevan 60 años esperando que las sanciones tumben al régimen castrocomunista y que las sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte tampoco han sido efectivas.

La octava acción en curso contra el régimen de Maduro esta implícita en la frase “Te esperan en la Haya” que se conjura entre quienes esperan aplicar justicia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Sin embargo, esta iniciativa no es un proceso tan expedito ni sencillo. Hay nueve denuncias contra Maduro “archivadas” en la Haya desde 2011 que esperan por alguna respuesta más la admitida recientemente. Además, la actuación de la CPI depende del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho a veto de los miembros permanentes que no han ratificado el Estatuto de Roma –Estados Unidos, Rusia y China (que ni siquiera lo firmó) – suele jugar en su contra. Dos amigos del régimen.    

Queridos amigos, ningún país del GL, la OEA, ni de la ONU, ni mucho menos su Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ni la CPI pueden ignorar lo que está sucediendo en Venezuela, ni ser complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos de su población. Como muy bien lo expusiera Luis Almagro, “el silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia”.

Al final ¿Qué le queda y pa’ donde va Venezuela este 10 de enero?

Hay dos puntos que están claros, el primero es que no podemos depender de las sanciones al régimen ni a sus integrantes ni esperar los resultados de la CPI y, segundo, aunque más importante, es que la intervención consensuada requerida por el pueblo de Venezuela, y negada por el GL, es por el rescate de los derechos humanos de los venezolanos que no tienen medios propios para librarse del régimen más nefasto en toda la historia de la república y por la vuelta de la democracia interrumpida desde hace 19 años. No creo que existan motivos más pertinentes para hacer lo que se debe hacer y acabar con la tiranía de Maduro y transformar el estado vasallo en que han convertido a nuestro país.

Adicionalmente, hay dos opciones fundamentales más que el grupo Lima, la ONU y el resto del mundo deberían considerar, y que constituirían la novena y decima acciones para ayudar a Venezuela: El reconocimiento formal de La Hambruna y la carencia de medicinas como Crimen de Genocidio y la declaración de El Estado de Necesidad que permite la intervención armada.

En Venezuela, miles de niños se acuestan sin comer todos los días, nuestros compatriotas rebuscan comida en las calles, otros mueren por falta de medicamentos para el cáncer, el sida o la hemofilia, y el gobierno ha callado a los medios de comunicación y a otros sectores de la sociedad, que han desaparecido las industrias. Más de 30 millones de venezolanos le piden al mundo que no nos dejen matar, que no nos dejen solos. Venezuela reclama la solidaridad de nuestro continente. Es innegable que “la Hambruna” en Venezuela es un atentico genocidio.

Hay en el derecho penal clásico y en el derecho penal de todas las latitudes desarrolladas una figura que se llama El Estado de Necesidad. En ese estado se puede incurrir en una conducta teóricamente infractora del derecho penal pero que queda eximida de responsabilidad por el principio del estado de necesidad que junto a la legítima defensa son causales de lo que llaman la justificación en la conducta indebida. Ambas, hambruna y estado de necesidad, son innegable e irrefutables ¡por Dios Santo!

La undécima iniciativa para implementar el dia D+1, cuando saquemos a Maduro y todos sus adláteres, es la recuperación de los dineros sustraídos al erario en el periodo 1999-2018. Hay un consenso entre varios amigos que la crisis del país fué una crisis inducida para hacerse de la renta petrolera y otras riquezas naturales del país. La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana pública y privada. 

En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX ha empeorado la corrupción pública y privada. Si bien la corrupción es una variable difícil de medir de forma fiable, Transparencia Internacional actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo.  En la encuesta de Gallup de 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos cree que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela.  El descontento generalizado debido a la corrupción ha sido citado por los grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014.

El mayor foco de corrupción en Venezuela desde 1999 es la Revolución Bolivariana. Este proyecto “ideológico y social” que comienza en 1999, con la elección de Chávez como presidente del país y se extiende hasta el período actual de gobierno de Nicolás Maduro registra, solo en Internet (https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Venezuela), treinta (30) casos públicos y privados de corrupción que van desde el famoso Plan Bolívar 2000 hasta los más reciente casos Odebrecht y Banco de Andorra. No hay duda del beneficio que la recuperación de dichos dineros aportaría en favor de la vuelta a la democracia y reconstrucción del país.   

Venezuela está en un callejón sin salida. Ya lo hemos dicho antes. Mantengo la posición de que a los venezolanos no nos queda sino la intervención directa de la comunidad internacional a través de una fuerza multinacional concertada por un foro como la OEA, la ONU y la UE, apoyada por EE. UU., que acuda a ayudarnos a rescatar la democracia venezolana. Lamentablemente los que la apoyamos no tenemos poder para solicitarla y quienes pueden hacerlo, no se atreven.