La corrupción por necesidad o la necesidad de corrupción (Gustavo Gonzalez Urdaneta)

 

La corrupción por necesidad o la necesidad de corrupción

Gustavo Gonzalez Urdaneta

Miami 6 febrero 2021

 

La concepción de la palabra corrupción tiene diversas perspectivas desde las distintas ciencias que abarca: Política, jurídica, económica y sociológica. Intentando abarcar a todas las ramas mencionadas, podemos llegar a un concepto uniforme de lo que es la corrupción. Se entiende que existe corrupción cuando una persona, ilícitamente, pone sus intereses personales por sobre los de las personas e ideales que está comprometido a servir.

 

Si vemos el origen de la palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma del prefijo cor-, que quiere decir ‘junto’, la raíz del verbo rumpere, que quiere decir ‘quebrar’ y el sufijo -tio, que quiere decir acción y efecto. Al final significa que destruye algo que pierde su naturaleza. La definición de corrupción centrada específicamente en la conducta es el abuso de un cargo, del poder y de los recursos públicos para la obtención de un beneficio personal. Al respecto está el criterio moral y la opinión que infieren que, en un acto que implique un perjuicio del beneficio público para satisfacer un beneficio privado, existe corrupción.

 

Otra manera de entender la corrupción es considerarla como un recurso expeditivo, es decir, que se utiliza para acelerar procesos. También puede entenderse a la corrupción como un proceder, como un modo de hacer para la obtención de beneficios. Este proceder conlleva la característica de ser una desviación de cierta normativa jurídica o ética. Hay también quien establece que habrá corrupción cuando alguien tiene un poder monopólico sobre un bien o servicio, posee la discrecionalidad de decidir a quién apunta y en qué medida, favorecido por la falta de transparencia ante la ausencia de controles sobre las acciones del sujeto en cuestión.

 

El enfoque de corrupción también puede tratarse con diferentes matices. Así hay quien llama corrupción negra a las acciones más potentes y universalmente aceptadas, como son el soborno y la extorsión. La corrupción blanca se da cuando las acciones pertinentes son aceptadas ampliamente en el ámbito que se trate. Por último, la corrupción gris incluye todas las conductas

con las cuales las elites y la opinión pública discrepan al momento de evaluarlas como corruptas o no. También las suelen clasificar en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

 

Recientemente, hablando con algunos amigos sobre la pobreza en Venezuela, comentábamos sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) publicados por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios de Investigaciones Económicas y Sociales. Los datos son alarmantes. Entre 2005 y 2019, la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4% a 96,2%. Y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini continúa siendo relativamente alto. El año pasado fue de 0,51.

 

Fue de estas conversaciones que me surgió la pregunta: ¿Somos víctimas-cómplices de la corrupción por “necesidad propia” o es la corrupción una “necesidad impuesta” por el sistema de gobierno?

 

Al ciudadano honesto no le queda alternativa para resolver sus problemas de funcionalidad de sus cosas cotidianas y que tienen que ver con la autoridad. Esto ni siquiera es privilegio de sectores sociales donde se aplica la regla no escrita pero diariamente practicada del axioma muy tradicional de que “el que no transa, no avanza”. La corrupción en el país ha llegado a todos los estratos y es imposible realizar la mínima transacción sin “bajarte de la mula” y tener que pagar un “peaje”, “coima”, o como lo quieras llamar. Aparte de, que entiendo, el gobierno incrementa, además, los cargos por cualquier trámite que se necesite realizar para obtener cualquiera que sea el documento o la solvencia que además exigen para cualquier beneficio o “dádiva” conque entrampan a todos.

 

Los salarios, por otro lado de cualquier empleado, incluso los honorarios profesionales, son tan míseros en el primero de los casos que rasguñan lo que puedan bajo la mesa en su lucha diaria por la sobrevivencia. No estoy muy seguro, incluso, de si hay excepciones en que este precepto de pobreza salarial desaparezca. Todos buscan la forma en que puedan tener recursos extras a lo que perciben porque el mismo sistema hace que para hacerlo viable se tiene que compartir con los jefes. Así, desde la más simple oficina pública hasta las altas esferas están llenas de empleados y funcionarios que aprovechan el cargo y la “necesidad” del ciudadano con un único fin: enriquecerse lo antes posible.

 

La ética no importa, lo que importa son los fines y ésos fines están en muchos casos sujetos a la realidad de la economía en función de la necesidad y la ambición de quien ejerce el poder. En algunos casos es tan vital la corrupción como cada eslabón de una cadena. En sí es una cadena que es posible su funcionamiento gracias al sistema, imperando la práctica de que todos procuran hacerse de la “vista gorda” en cuanto a lo que pasa.

 

Los políticos, desde el inicio de sus funciones prevén las “contribuciones” correspondientes para hacer el capital necesario para mantenerse en sus cargos y poder soportar los enormes gastos que esto representa. De ahí nace la sentencia que me dijo uno de mis suegros, “un político no puede tener necesidades económicas pues las tentaciones son muy altas”. Hay una frase muy popular de que un “político pobre es un pobre político”; no hay mucho que pensar ni ser un genio, de que de la “cooperación de los ciudadanos” es que sale todo. A cambio de eso se reducen los costos de cualquier trámite u obtención de beneficio. De aquí parte el dicho de que hay que “engrasar la rueda para que funcione la maquinaria”. Así empieza una cultura de ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos"

 

El problema está en el mismo sistema que está hecho para eso por ser inviable e disfuncional si se quiere cumplir con todos los requisitos de un trámite cualquiera.  Por lo tanto, no nos desgarremos las vestiduras, cuando las cosas se hacen para que así funcionen “todos, trabajadores y ciudadanos pueden ser corruptos a la fuerza”. En un artículo reciente decía que vivimos en una sociedad de cómplices y se estipulaban cuatro tipos de víctimas-cómplices: por miedo, necesidad, ignorancia o interés propio.  Entonces, cual es la verdad ¿“hay corrupción por necesidad o es la corrupción una necesidad”? No importa cuál sea, no hay excusa. La desgracia no es más llevadera cuando afecta a un número importante de personas… “mal de muchos, consuelo de tontos”.

 

Los permanentes hechos mundiales de corrupción que se generan en los sectores público y privado merman la credibilidad de las instituciones, descomponen el sistema social y económico, socavan la democracia afectando gravemente al Estado de Derecho en las naciones. Los actos de corrupción no son recientes, de hecho, se señala que la corrupción nace con el ser humano o es tan antigua como la civilización misma, por tanto, su ámbito de aplicación es universal, es decir se encuentra omnipresente en la humanidad. Desde la antigua China hasta Europa y Estados Unidos en la edad moderna, los gobiernos y las sociedades han luchado para contener este cáncer. Miles de años de literatura documentan la presencia de la corrupción.

 

Avanzando dentro del cauce histórico, se encuentra que los acuerdos mundiales a los que se llegaron posterior a la finalización de la segunda guerra mundial y las crisis básicamente de orden económico por las que han atravesado las naciones son motivos que han llevado a redefinir el rol que venía desempeñando el Estado, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas requeridas por la sociedad. Lamentablemente esto no es fácil de cumplir pues los flujos económicos que se originan en base a esos acuerdos son desviados para otros usos, los gobiernos no reciben los recursos que les adeudan, los recursos recaudados se pierden antes de tener un uso adecuado o que, después de aprobar su destinación, no se utilizan como se pretendía. Nunca ha existido una duda seria de que la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo, que pone en peligro el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, así como las perspectivas económicas de una sociedad. Las prácticas ilegales y corruptas se han ido ajustando a normas sociales tendiendo a buscar beneficios personales principalmente, pero también a familiares, amistades, organización, causa o movimiento social, político o cultural.

 

Transparencia Internacional (TI) ya en 2011 afirmaba que “la corrupción jugó un papel importante en debilitar el desarrollo social, económico y ambiental. Se desvió por el mal camino los recursos y se comprometió la calidad de los servicios y materiales utilizados para el desarrollo” y resulta totalmente lógico pensar que si existen desviaciones de capitales esto afectará a los usuarios de los servicios públicos o privados dependiendo del sector donde se origine la anomalía. Ejemplos sobran en todo el mundo, pero con mayor énfasis en aquellas regiones o países donde existe un menor grado de desarrollo, basta con apenas mirar a países africanos o latinoamericanos, que a pesar de poseer recursos naturales sus habitantes, en algunos casos famélicos, padecen muchas otras necesidades como las de salud, vivienda, alimentación, es decir, ni siquiera las necesidades básicas son satisfechas.

 

Se han identificado cinco causas del fenómeno mundial de la corrupción, que sin lugar a duda han incidido en su proliferación y que hoy en día, luego de más de veinte años de ser emitidas siguen manteniendo vigencia, de manera general son:(1) Las empresas transnacionales cuentan con un potencial económico mayor que muchos Estados: (2) Los negocios internacionales cada día crecen más: (3) En los países subdesarrollados los salarios de la burocracia suelen ser muy bajos y las condiciones del trabajo no son buenas; (4) Las asimetrías económicas, jurídicas, sociales y políticas y (5) Las transacciones de divisas a través de sistemas informáticos.

 

La injerencia empresarial corrupta en el aparato estatal es nociva y la economía predice que son las empresas e industrias más ineficientes (que deberían cerrar) las que tendrán el mayor incentivo para sobornar a los funcionarios y esto, entre otros, afectan la libre competencia y reglas del juego entre las organizaciones.

 

Hacer una lista de los casos de corrupción chavistas es difícil de elaborar y, tal vez, inútil. Son 21 años de revolución, con el chavismo gobernando Venezuela sin ningún tipo de contrapeso o control. En todo este tiempo, una denuncia ha superado a la otra y ya pocos recuerdan que quizás todo comenzó con un novedoso plan social que fue bautizado con el nombre del padre de la patria: El famoso Plan Bolívar 2000. Nada más y nada menos. Digo inútil porque la cabeza de ese programa, el general Víctor Antonio Cruz Weffer, fue acusado en 2007 por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio y, que yo sepa, hoy, Cruz Weffer está libre y apareció en los diarios en los llamados "Panamá Papers" o papeles de Panamá por supuestamente abrir una empresa en el paraíso fiscal de las islas Seychelles en 2007.

 

El seguimiento que en los últimos 15 años ha realizado el capítulo venezolano de Transparencia Internacional (TI), a la gestión de los funcionarios públicos, ha revelado que en Venezuela se ha venido aplicando de manera sistemática y generalizada un conjunto de acciones que favorecieron el desfalco al patrimonio público y la instauración de un Estado criminal, cuyos tentáculos se han extendido a toda una red internacional de corrupción. TI utiliza un sistema de puntos para evaluar la corrupción de cada país, con una escala que abarca desde el 0, que sería la corrupción absoluta, hasta el 100, la transparencia total. En 2020, dos tercios de los países del mundo no alcanzaron los 50 puntos. Venezuela tiene 16 puntos (lugar 176 de 180) sólo por encima de Yemen, Siria, Somalia y Sudan del Sur.

 

El primero de los 12 elementos que configuran el Patrón de Gran Corrupción identificado por TI es el monopolio de sectores económicos, con el gobierno como único propietario y administrador de productos, bienes y servicios esenciales para el ciudadano. El efecto nocivo de ese control se evidencia en sectores vitales como el eléctrico. Solo en marzo de 2019, hubo en Venezuela más de cuatro grandes apagones que dejaron a 90% del país a oscuras. En todo el 2020 continuaron las fallas en varios estados, en especial en la región andina y en el Zulia. Me permito señalar dos de los más sonados casos de corrupción en el sector eléctrico desde el sector empresarial.

 

El soborno es la forma más común de corrupción pública y uno de los escándalos de corrupción que ha causado revuelo desde el 2016 a nivel mundial han sido los casos de soborno realizados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios gubernamentales de doce países por más de USD 785 millones mediante una extensa red de corrupción. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos por parte de Odebrecht; entre 2006 y 2015 existen obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y se han mantenido paralizadas. El Departamento de Justicia también sostiene que el gobierno de Venezuela recibió al menos 98 millones de dólares en sobornos.

 

En febrero del 2016 el asesor externo de la brasileña Odebrecht y representante del Consorcio OIV, no pudo explicar satisfactoriamente a los diputados de la Asamblea Nacional, cómo es que el proyecto de la Central Hidroeléctrica Tocoma tiene cuatro años de retraso cuando se le interpeló, por lo que fue declarada responsabilidad política a siete exministros de energía eléctrica. La fecha de inicio de construcción del proyecto eléctrico data de marzo de 2007, y debía ser culminado en 2012. El Proyecto de Tocoma iba a generar 2.160 megavatios para el Sistema Eléctrico Nacional. Al 2016, reportaban una ejecución física de 98%.  Para el 2017 el desfalco en Tocoma, según los especialistas, alcanzaba los 3.000 millones de dólares. Aún está inconclusa.

 

Otro caso empresarial, de corrupción por colusión, es con la Empresa Derwick Associates (DA). Derwick era una empresa favorecida sin contar con experiencia en la rama de electricidad ni de estudios de anteproyectos de ingeniería. Derwick vivió un ascenso meteórico. En solo 14 meses, entre 2009 y 2011, la empresa obtuvo contratos con empresas públicas por más de 5.000 millones de dólares, incluyendo 11 proyectos de construcción de nuevas plantas eléctricas y uno más para modificar instalaciones prexistentes que debían incrementar en 1.216 MW la capacidad nacional de generación. Derwick Associates ha sido denunciada por irregularidades, tráfico de influencias y cobros excesivos del gobierno venezolano y hacer contrato de terceros para realizar proyectos otorgados por el estado.

 

Apenas dos eslabones de la cadena de presunta corrupción en el Sector Electrico Nacional que según algunos especialistas, abogados, periodistas y políticos, alcanza la escandalosa cifra de 42 mil millones de dólares. La emergencia eléctrica decretada por Chavez en febrero 2010 sirvió para la trampa. El problema eléctrico es causa de quienes se enriquecen a costa de los recursos del Estado. Según especialistas del sector, fue una crisis inducida para apoderarse de la renta petrolera. La triste realidad es que con toda la estafa cometida por el Gobierno en el sector eléctrico, de los 36.732 MW de capacidad instalada, apenas el 27.2% está disponible (10.000MW).

 

Existe una desigual lucha que viene gestándose para combatir este mal, toda vez que el poder político y económico de verdaderas mafias transnacionales públicas o privadas afectan el desarrollo de las naciones con un agravante que cada vez es más asiduo y nocivo denominado impunidad, ésta socava los valores del ser humano, merma su afán de progreso y contamina la misión de bienestar que buscan las sociedades organizadas. La suscripción de convenios internacionales más allá de un mero acto protocolario o diplomático, requiere que exista la férrea voluntad política para que exista coherencia entre ese discurso político de los gobernantes de turno, con la ejecución efectiva de lo dispuesto en los cuerpos jurídicos suscritos y que en muchos casos están ya determinados en la legislación preventiva y la serie de delitos que devienen de la corrupción tipificados penalmente, por lo que se demanda que la transparencia y la lucha contra la corrupción sean prioridades en las agendas de desarrollo de las naciones.

 

Para comenzar a construir una Venezuela íntegra es perentorio que se adopten medidas preventivas y correctivas para erradicar este flagelo, y establecer un modelo de gobierno con base en los principios de transparencia y responsabilidad pública. Así lo demanda este momento histórico en el que el país enfrenta una de las mayores amenazas contra la salud y la vida de sus ciudadanos.